El Supremo Tribunal Federal decidió la reclusión en domicilio de los acusados tras el intento de fuga de Silvinei Vasques, ex jefe de la Policía de Carreteras, y se limitan sus comunicaciones y movimientos para evitar nuevos episodios.
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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este sábado la prisión domiciliaria de 10 personas condenadas por su participación en el intento de golpe vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro, en una medida adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes.
La decisión se produjo tras el reciente intento de fuga de Silvinei Vasques, ex director de la Policía de Carreteras, quien se encontraba en arresto domiciliario y rompió su tobillera electrónica en Navidad para intentar salir del país hacia El Salvador, pasando por Paraguay. Vasques fue interceptado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción y posteriormente entregado a la Policía Federal brasileña en el Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú.
La orden del STF afecta a condenados cuyos procesos aún están en fase de apelación, quienes hasta ahora cumplían únicamente medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica. A partir de ahora deberán permanecer recluidos en sus domicilios, manteniendo el dispositivo de geolocalización, y se les prohíbe el uso de redes sociales, recibir visitas o contactar a otros investigados. También deben entregar sus pasaportes y tienen suspendido el permiso para portar armas.
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Vasques, condenado a 24 años y seis meses de prisión, fue hallado responsable de organizar operaciones destinadas a dificultar el acceso de votantes a los centros electorales durante la segunda vuelta de 2022, favoreciendo a Bolsonaro. Por su parte, el ex mandatario enfrenta una condena de 27 años y tres meses y se encuentra internado en un hospital privado de Brasilia, bajo custodia.
El endurecimiento de las restricciones busca prevenir nuevos intentos de fuga y reforzar el control judicial sobre los implicados en la trama golpista. Según informó la Policía Federal, la ejecución de la medida se llevó a cabo en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.
El caso mantiene en alerta a las autoridades brasileñas y demuestra la rigurosidad con la que se busca garantizar el cumplimiento de las penas, incluso en medio de maniobras para eludir la justicia.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
