Foto: La Opinión Austral.
Se trata de diez personas a quienes se les encontró suficiente material probatorio para procesarlos pero están en libertad. Para la Justicia de Santa Cruz, en su fallo de 140 fojas, no se mantuvo la calificación de Asociación ilícita. De igual manera, tanto la Fiscalía como algunas partes adelantaron que apelarán la resolución.
La Justicia Federal de Río Gallegos, en Santa Cruz, avanzó en una causa de alto impacto regional al resolver la situación procesal de más de veinte personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada al contrabando, el lavado de dinero y otras maniobras ilícitas. La investigación apunta a un entramado que habría operado durante al menos dos años en el sur del país, con conexiones entre Argentina y Chile.
El expediente, caratulado “Gasparini, Marcelo Horacio y otros s/ Infracción Ley 22.415”, describe una estructura con roles claramente definidos. Según la resolución judicial, algunos imputados habrían actuado como organizadores, mientras que otros cumplían funciones operativas en distintas etapas del circuito ilegal.
De acuerdo con la investigación, la organización habría funcionado entre 2021 y agosto de 2023, con base en localidades como 28 de Noviembre y Río Turbio, además de vínculos con otras ciudades, entre ellas Bahía Blanca. El foco principal está puesto en el ingreso y egreso ilegal de divisas, especialmente dólares estadounidenses, a través de pasos fronterizos no habilitados.
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Uno de los hechos más relevantes del caso fue el traslado de unos 85.000 dólares desde Chile hacia Argentina. El dinero habría sido ingresado de forma fraccionada y oculto en vehículos particulares, hasta que fue secuestrado en un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 3, a la altura de Arroyo Verde, en Chubut.
La operatoria no se limitaba únicamente al movimiento de divisas. También incluía la compra y traslado de mercadería de presunto contrabando, como un lote de 46 cubiertas de origen chino valuadas en miles de dólares, que eran transportadas junto al dinero en camiones vinculados a la organización.
El aspecto más complejo de la causa radica en el presunto lavado de activos. La resolución judicial detectó movimientos financieros incompatibles con las actividades declaradas por algunas empresas, con acreditaciones que superarían ampliamente sus ventas y una diferencia estimada en al menos 120 millones de pesos. A esto se suma el uso de facturación apócrifa, transferencias bancarias y adquisición de bienes para dar apariencia legal a los fondos de origen ilícito.
Fuente: La Opinión Austral.
