El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita en el marco de una causa que investiga presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello.
El procesamiento alcanza también a Daniel Garbellini, quien se desempeñó como segundo de Spagnuolo en la ANDIS, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con el sector de las droguerías. Para el magistrado, los imputados habrían integrado una estructura organizada y estable destinada a obtener beneficios económicos ilegales a partir del manejo de expedientes vinculados a prestaciones para personas con discapacidad.
Según surge de la investigación, la maniobra consistía en el direccionamiento de autorizaciones, pagos y habilitaciones administrativas a favor de determinadas empresas proveedoras de insumos médicos y servicios, a cambio de retornos económicos. En ese esquema, la ANDIS habría sido utilizada como una plataforma para facilitar trámites, acelerar resoluciones o destrabar pagos, generando un perjuicio económico al Estado nacional.
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El juez Casanello consideró acreditado, en esta etapa del proceso, que Spagnuolo habría aprovechado su cargo como director del organismo para coordinar acciones con funcionarios de menor rango y actores privados, incurriendo en incompatibilidades funcionales y violando los deberes propios de la función pública. En el fallo se destaca la existencia de comunicaciones, movimientos administrativos irregulares y vínculos comerciales previos entre los imputados.
En el caso de Garbellini, la resolución judicial señala que cumplía un rol clave en la operatoria interna de la ANDIS, actuando como nexo entre la conducción del organismo y los intereses privados investigados. En tanto, Calvete y Atchabahian aparecen vinculados a empresas del rubro farmacéutico y de provisión de insumos, que habrían resultado beneficiadas por decisiones administrativas irregulares.
La causa ANDIS se inició a partir de denuncias sobre el funcionamiento del sistema de prestaciones por discapacidad y el presunto cobro de coimas para acceder a contratos, pagos y habilitaciones. Con este procesamiento, la investigación avanza hacia una etapa clave, mientras la Justicia analiza nuevas medidas probatorias y no descarta la ampliación de imputaciones ni eventuales llamados a indagatoria de otros funcionarios que habrían participado del entramado.
Fuente: Noticias Argentinas.
