El organismo que representa jurídicamente al Estado ejecutó una reestructuración inédita en medio de un fuerte hermetismo. Aunque no lo confirmó públicamente, en la Casa Rosada vinculan los despidos con presunta venta de información sobre el juicio por la expropiación de YPF.
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La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), dirigida por Santiago Castro Videla, anunció este martes una profunda reestructuración institucional que incluyó el despido de más de 60 funcionarios, la reducción de áreas técnicas y el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La medida, que no tiene precedentes en el organismo, se formalizó mediante un comunicado oficial que evitó mencionar un tema central: las sospechas de filtraciones internas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF, que se lleva adelante en los Estados Unidos.
Según pudo saber Infobae, desde la Casa Rosada se detectaron indicios de venta de información sensible por parte de empleados estatales vinculados a la causa YPF, lo que encendió alarmas en el Ejecutivo. Aunque el Gobierno eligió no confirmar públicamente esa hipótesis para no entorpecer el proceso judicial, fuentes oficiales reconocieron que la situación generó preocupación por el impacto que podría tener en el posicionamiento argentino en el litigio internacional.
El comunicado de la PTN aseguró que la reestructuración responde a la necesidad de «eficientizar el funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público», en el marco de los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Según detallaron, la plantilla de personal se redujo en más del 20% desde febrero de 2025 y el número de Direcciones Nacionales pasó de seis a cuatro.
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Entre las decisiones más resonantes, se destaca la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esa tarea de formación será asumida por un nuevo centro interno con menos de un tercio del personal que tenía la estructura anterior, en lo que el Gobierno calificó como un avance hacia una administración “más austera y sin lujos jerárquicos”.
El organismo también informó una reducción de unidades jerárquicas innecesarias, reasignación de competencias estratégicas y eliminación de viajes y comitivas oficiales, en línea con la nueva política de ahorro. Las funciones que antes eran tercerizadas serán ahora asumidas internamente, lo que, según la PTN, busca garantizar un uso más responsable de los recursos públicos.
“Hay una purga. Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, deslizó una fuente del Ejecutivo. Si bien no se precisaron los archivos presuntamente filtrados, se sospecha que la información podría haber sido utilizada por los beneficiarios de la demanda internacional contra la Argentina.
El juicio por la nacionalización de YPF, que involucra al fondo Burford Capital y podría costarle al país miles de millones de dólares, sigue siendo un tema de alta sensibilidad política y jurídica. En ese contexto, el oficialismo busca blindar los equipos estatales y eliminar cualquier brecha que comprometa la defensa argentina en tribunales internacionales.
Fuente y foto: Infobae
