El Poder ejecutivo de Río Negro presentó este martes en el Parlamento provincial un paquete de leyes que tienen como objetivo enfrentar las consecuencias del cambio climático, en base a la movilidad sostenible como forma de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, emitidos por los transportes de cargas y pasajeros.
La iniciativa «incluye a los vehículos destinados al transporte de personas y cargas, sean estos automóviles, ómnibus, camiones, trenes, bicicletas, naves acuáticas o cualquier otro sistema de movilidad».
Según se informó, el instrumento es necesario para establecer una paulatina transición del transporte que usa «recursos no renovables como los combustibles fósiles», hacia tecnologías basadas en «energías más limpias», como la eléctrica, las celdas de combustible como el hidrógeno, o cualquier desarrollo futuro.
Informes nacionales, reflejan que el sector del transporte representa un 13,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el país, además de un 30,9% del consumo final de los recursos energéticos.
En ese sentido, «es necesario implementar políticas públicas tendientes al uso racional y eficiente de la energía en este sector», destaca el comunicado oficial.
La intención es la de «garantizar el cumplimiento de condiciones técnicas, la compatibilidad de las estaciones de recarga en todo el país y la interoperabilidad a nivel regional».
También, «se garantiza el derecho de cargar el propio vehículo en el domicilio particular, teniendo en cuenta que la carga doméstica es la principal opción para los propietarios».
Entre otras cosas, se propone contribuir con políticas de fomento de la comercialización, producción de la industria nacional vinculada al desarrollo de vehículos sostenibles, y de la infraestructura asociada, que siempre generen un impacto positivo en el ambiente y la calidad de vida.
La idea del Gobierno rionegrino es la de implementar estas políticas de forma progresiva, procurando integrar las demás acciones públicas sectoriales con las cuales se vincula, generando instancias de articulación.
En ese sentido, el Estado fomentará medidas de carácter fiscal, crediticia o de ayuda económica para el fomento y promoción de la movilidad sostenible.
La reglamentación, «establecerá los beneficios concretos, previa intervención de la Agencia de Recaudación Tributaria», aclaró el Gobierno provincial.
