A partir de la convocatoria a una medida de fuerza para los días 11 y 12 de junio, desde el Ministerio de Educación aclararon que la CTA Autónoma no posee competencia legal para declarar un paro en el sector. Además, confirmaron que las inasistencias podrían derivar en descuentos y medidas disciplinarias, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas a los hechos de violencia ocurridos recientemente en Comodoro Rivadavia.
El Gobierno del Chubut informó que la medida de fuerza convocada por la CTA Autónoma provincial por 48 horas para los días 11 y 12 de junio carece de sustento legal, afectando el normal desarrollo de las actividades educativas y perjudicando de manera directa a los estudiantes.
En ese sentido, desde la cartera educativa provincial ratificaron que los canales de diálogo con las distintas organizaciones gremiales, entre ellas la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), continúan abiertos, y advirtieron sobre una clara intencionalidad política detrás de la convocatoria.
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Medida irregular y hechos de violencia
Al respecto, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, señaló que “el paro convocado por Verónica Rosales en representación de la CTA carece de sustento legal y desconoce los mecanismos institucionales previstos para este tipo de medidas”, y agregó que “a ello se suma el accionar de un grupo minoritario de auxiliares de la Educación que en los últimos días protagonizó hechos de extrema gravedad, intentando tomar de manera ilegal la delegación de la Secretaría de Trabajo de Comodoro Rivadavia, alterando el normal funcionamiento del organismo y poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores”.
El funcionario recordó además “los graves hechos ocurridos días atrás, cuando este mismo grupo intentó irrumpir de manera violenta en dependencias del Ministerio de Educación, provocando destrozos, generando temor entre los trabajadores y causando lesiones a tres efectivos policiales que intervenían para preservar el orden público”.
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Estado de Derecho
“El Estado no va a aceptar este tipo de conductas violentas que atentan contra la convivencia democrática y el respeto por las instituciones. Las denuncias penales y los procedimientos administrativos correspondientes ya están en marcha y avanzarán hasta las últimas consecuencias”, advirtió Punta.
Por otra parte, el titular de la cartera educativa remarcó que “la paz social no puede quedar condicionada por grupos minoritarios que buscan generar conflictos permanentes”, y agregó que “el canal de diálogo con los gremios en general, y con ATE en particular, continúa abierto y con reuniones en marcha. Incluso durante el último mes se alcanzaron importantes acuerdos salariales que beneficiaron a los trabajadores, gracias al trabajo conjunto con organizaciones que siempre han mantenido una conducta institucional y respetuosa del Estado de Derecho”.
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Medidas disciplinarias
En la misma línea, Punta sostuvo que “la CTA no tiene competencia legal para convocar a un paro en este ámbito, por lo que las ausencias derivadas de esta medida no se encuentran amparadas por la normativa vigente y podrán dar lugar a los descuentos y medidas disciplinarias correspondientes”.
Asimismo, confirmó que “continuarán todas las actuaciones administrativas y judiciales contra quienes protagonizaron hechos de violencia, dañaron edificios públicos y atentaron contra el normal funcionamiento de organismos del Estado. El Gobierno hará prevalecer el orden y la paz social frente a estos grupos minoritarios que no representan a la inmensa mayoría de los trabajadores”.
“Estamos hablando de un sector muy reducido que no expresa el sentir de la mayoría de los auxiliares de la Educación. De hecho, hemos recibido denuncias sobre situaciones de presión y amedrentamiento hacia trabajadores que desean cumplir normalmente con sus tareas. Nuestro deber es garantizar que puedan hacerlo en un clima de respeto, orden y convivencia democrática”, concluyó el ministro.
