Se trata del médico investigado de falsificar datos en documentos públicos relacionados con la emisión de licencias de conducir en la Municipalidad de Gaiman. La posible pena fue dada a conocer por Fiscalía. La fiscal jefe de Trelew, Julieta Gamarra, brindó detalles sobre el caso.
La fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra, ofreció detalles sobre la investigación que involucra al médico Diego Soto Payva, acusado de falsificar datos en documentos públicos relacionados con la emisión de licencias de conducir en la Municipalidad de Gaiman. Según la fiscal, Soto Payva habría falsificado la firma de una psicóloga que ya no ejercía y cuya matrícula había sido retirada, cometiendo el delito de falsedad ideológica en concurso real.
La investigación revela que Soto Payva, consciente de que los certificados psíquicos de la psicóloga eran ilegítimos, firmó formularios falsos para permitir la emisión de al menos 41 licencias de conducir de forma irregular. Estas licencias son especialmente relevantes, ya que pertenecen a categorías profesionales, como conductores de colectivos, remises, ambulancias y bomberos, que requieren una revisión médica más estricta debido a las mayores responsabilidades al volante.
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La fiscal Gamarra destacó la necesidad de actuar con cautela durante el proceso, dado que la investigación involucra a un gran número de personas, incluidos los solicitantes de las licencias y la psicóloga implicada. Los documentos falsificados incluían una declaración jurada del solicitante y un formulario médico firmado por Soto, quien debía verificar que la persona fuera apta en términos psíquicos, auditivos, visuales y físicos. El uso de estos formularios falsificados permitió la emisión irregular de licencias, que, al estar vinculadas a categorías profesionales, aumentan las exigencias de seguridad vial.
Para finalizar, Gamarra mencionó mencionó la complejidad del caso, señalando que no podían entrevistar a todas las personas involucradas por el riesgo de filtración de información. Sin embargo, en el corto plazo, lograron recopilar suficiente evidencia, incluidas 41 licencias emitidas de forma irregular. La fiscalía sigue trabajando en el caso para garantizar la justicia para las víctimas de esta serie de delitos.
Cabe mencionar que desde el Ministerio Público Fiscal se informó que «si bien el mínimo de la pena es de ejecución condicional aseguró que si se obtienen las pruebas necesarias la pena será mayor, ya que tiene un máximo de cincuenta años y dada la magnitud del delito reiterado en muchas oportunidades, teniendo en cuenta la gravedad del mismo la pena podría ser de efectivo cumplimiento».
