Las autoridades colombianas reiteraron que trabajarán junto a la Registraduría y la Fuerza Pública para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.
Las autoridades reconocen que la crisis expone problemas estructurales de larga data en la infraestructura hídrica de la isla, con décadas de falta de inversión.
El caso sigue abierto y podría derivar en un debate legislativo clave, ya que parte de los aranceles anulados implican devoluciones por más de 166.000 millones de dólares.