La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que ordena al Estado nacional cumplir con dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal rechazó la apelación presentada por el Gobierno al considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, por lo que la resolución cautelar continúa vigente.
La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, se mantiene la obligación de actualizar los salarios del personal docente y no docente universitario, así como de recomponer distintos programas destinados a los estudiantes.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de universidades nacionales. Los demandantes cuestionaron el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación previa de fuentes específicas de financiamiento.
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La medida cautelar ratificada por la Corte alcanza exclusivamente a los artículos 5 y 6 de la norma. Estos contemplan la actualización salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de programas estudiantiles. En cambio, quedaron excluidas otras disposiciones vinculadas con la recomposición presupuestaria general y partidas de asistencia universitaria.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que existían fundamentos suficientes para presumir la validez del reclamo universitario y advirtió que la falta de aplicación de la ley podía provocar un deterioro salarial significativo y afectar el derecho a enseñar y aprender. También señaló que el impacto fiscal de cumplir con la norma no resultaba determinante dentro del presupuesto nacional.
Aunque el fallo representa un respaldo judicial a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, su efecto práctico es limitado en lo inmediato. El 10 de junio pasado, el Gobierno nacional, autoridades universitarias y gremios acordaron una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, el expediente principal, que analiza la constitucionalidad del decreto 759/2025, continuará su trámite en los tribunales.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: REUTERS/Agustin Marcarian.
