Con presencia de autoridades, organizaciones civiles y familias, se definieron acciones conjuntas que buscan ampliar derechos y fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en la ciudad.
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El Consejo Municipal de Discapacidad de Rawson realizó su quinto encuentro del año en las instalaciones de Cáritas, donde se reunieron representantes del Ejecutivo municipal, organizaciones sociales, profesionales y familiares de personas con discapacidad. El objetivo central fue avanzar en acciones articuladas que garanticen derechos y mejoren la calidad de vida de este sector de la población.
La jornada estuvo encabezada por el presidente del Consejo, Raúl Farías, quien valoró la continuidad de estos espacios participativos y destacó el acompañamiento del Municipio. “Apuntamos a construir políticas públicas integrales, desde una mirada comunitaria e inclusiva, que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad”, afirmó.
Durante el encuentro se propuso trabajar en conjunto con la Coordinación de Abasto y Bromatología para facilitar el acceso de personas con discapacidad al curso de Manipulación de Alimentos. También se acordó avanzar en una reunión con el área de Tránsito municipal para evaluar medidas que favorezcan la accesibilidad y la seguridad vial.
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Además de tratar iniciativas concretas, se brindó información sobre pensiones provinciales y nacionales, en un contexto de demoras derivadas de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La participación de las familias enriquece el debate y permite detectar nuevas necesidades”, expresó Farías.
Como parte de la agenda, se anunció que Rawson estará presente en la Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), a realizarse los días 7 y 8 de agosto en Gaiman. Asimismo, se confirmó que el sexto encuentro del Consejo Municipal tendrá lugar a mediados del mismo mes.
Con estas acciones, el Consejo continúa consolidando una red interinstitucional activa, promoviendo una Rawson más accesible, igualitaria e inclusiva. La gestión municipal reafirma su compromiso con la articulación permanente entre Estado y comunidad para garantizar el pleno ejercicio de derechos.
