Durante las últimas semanas, llamativos pronunciamientos del ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y del legislador provincial Gustavo Fita, encendieron los cuestionamientos en algunos pasillos de la política: desde una acérrima defensa de los fueros de inmunidad, y la victimización de un cuestionado juez acusado de corrupción y abuso sexual, hasta el silencio y el temor al avance de dos causas que comprometen a ambas figuras, y una tercera que podría iniciarse en breve.
Defender lo indefendible
El caso del ex intendente de Comodoro Rivadavia es por lo menos llamativo: durante mucho tiempo, Luque no se pronunció respecto de la causa Emergencia Climática, en la que funcionarios municipales y empresarios fueron condenados por una de las mayores malversaciones de caudales públicos, ocurrida precisamente durante el mandato del abogado como viceintendente de la ciudad petrolera, que atravesó en 2017 la peor inundación de su historia.
Sin embargo, días atrás Luque hizo lo impensado: se refirió, expresamente, a la resonante causa que salpicó su gestión dentro de la intendencia, aunque en este caso para hacer una insólita defensa del dudoso accionar de los fiscales Adrián Cabral y Marcelo Crettón, quienes habían solicitado el sobreseimiento de todos los acusados, lo que en su momento les valió a ambos un pedido de jury y los dejó al borde de ser destituidos. La causa avanzó, y finalmente la Justicia arrojó un cierre ejemplar para una serie de hechos de corrupción tan turbios como el agua que recorrió las arterias de una ciudad que no solamente fue víctima de una catástrofe natural sin precedentes, sino también de los negociados de la política con el sector privado.
«Lo único que espero es que la presión política de personas poderosas como las que hoy están representando a esta querella, no haga lo mismo que con los fiscales Cabral y Crettón, [porque] «a través de la presión mediática política, se intentan llevar puesto al Poder Judicial», esbozó esta semana Luque, quien a su vez consideró que las denuncias contra el juez de Esquel Claudio Petris fueron «un hecho aberrante». Acusado por corrupción, lavado de activos y hasta abuso sexual, y vapuleado por la opinión pública tras haber intentado bloquear el plebiscito para la eliminación de fueros a través de una medida cautelar, el magistrado renunció en menos de 24 horas a la presidencia de la Asociación de Magistrados.
Como aliciente, lo que parecía un secreto a voces terminaría por confirmarse en breve, y es el inicio de la causa Emergencia Climática 2, un desprendimiento de la investigación por la que funcioanarios y empresarios fueron condenados tras haber utilizado fondos públicos para ejecutar maniobras de corrupción en la adquisición de bienes y servicios que iban a ser destinados a obras y arreglos en la ciudad, tras la inundación ocurrida en 2017.
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Revoleo de terrenos fiscales
Otra causa que tiene bajo la mira a Juan Pablo Luque, en este caso por hechos ocurridos durante su intendencia, tiene origen en la denuncia realizada por dos concejales de Comodoro Rivadavia en 2023, a raíz de una resolución (3.843/22) que lo habilitaba a entregar lotes sin servicios ni mensura a vecinos de la localidad, en algunos casos de manera temporal por 180 días.
A pesar de que la denuncia fue radicada ante el Tribunal de Cuentas local, en la presentación se advierte que el caso se podría presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso iniciando una demanda contra el propio ex intendente Luque.
El «revoleo» de terrenos permitió que, durante un determinado período de tiempo, la gestión de Luque entregara tierras fiscales sin mensura ni servicios esenciales a familias comodorenses, bajo la premisa de resolver la demanda habitacional, aunque en detrimento de la calidad de vida de miles de vecinos que no cuentan con gas, agua potable y electricidad, y que tampoco pueden escriturar sus lotes por ese motivo. Pan y circo, en tiempos electorales.
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Fita: fueros y una estafa familiar
Con todo esto, resulta bastante evidente que las intenciones de Luque de acceder a una banca en el Congreso podrían estar vinculadas a la necesidad de acceder a fueros de protección ante el avance de las mencionadas causas judiciales. Y en tal sentido el caso de Gustavo Fita resulta bastante similar: el presidente del Partido Justicialista de Chubut, que accedió a la conducción tras impugnar la lista de su rival y cuenta con una endeble base de militancia, se encuentra salpicado por una causa judicial que involucra a su propia hermana, Vanesa Fita.
Se trata de una investigación por la cual la hermana del legislador y cuatro personas más, fueron imputadas por el delito de “estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real”. Los hechos habrían ocurrido entre abril de 2023 y febrero de 2024, cuando Fita, «simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas, fingiendo trascendentes vinculaciones con funcionarios públicos provinciales, y aprovechándose de la necesidad habitacional imperante en la cuidad, ofreció a un grupo indeterminado de personas la adjudicación y/o adquisición de una vivienda construida o próxima a construirse por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) en ésta ciudad, y sin contar para ello con recursos materiales suficientes ni autorización legal vigente», según reza el expediente del Ministerio Público Fiscal.
El modus operandi consistía en que se les solicitaba a las personas interesadas un depósito bancario por la suma de $100.000, a la vez que se captaban nuevas «vendedoras» para que hicieran lo mismo, bajo un esquema piramidal que permitió llevar adelante una maniobra defraudatoria por $59.400.000, en perjuicio de casi 600 familias de Comodoro Rivadavia.
En la causa, además de la hermana de Gustavo Fita, aparecen involucrados su actual pareja, su hijo y la actual pareja de este último.
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Qué hay detrás de la interna del PJ
De extracción sindical, el diputado que también preside la CGT «Saúl Ubaldini» en Comodoro Rivadavia, fue uno de los que puso el grito en el cielo cuando el gobierno de Ignacio Torres envió a la Legislatura el proyecto de ley para la eliminación de los fueros en los tres poderes del Estado, el cual alcanzaría a su vez a dirigentes gremiales. A pesar de la negativa de Fita a acompañar la iniciativa, que sus propios compañeros de bloque finalmente avalaron, el proyecto se aprobó y, como prevé una enmienda de dos artículos de la Constitución provincial, será plebiscitado a través de un referéndum, de forma simultánea, durante las elecciones de medio término el próximo 26 de octubre.
Los posicionamientos de Gustavo Fita y Juan Pablo Luque de cara a la quita de fueros, el Poder Judicial y la interna que el PJ atravesará el próximo 3 de agosto, no parecerían tener nada de casual: en caso de ganar la elección partidaria, Luque intentaría ocupar una banca en el Congreso y, de esta manera, asegurarse los fueros de inmunidad ante eventuales avances de causas judiciales. En el caso del diputado provincial, la quita de fueros a partir de octubre lo dejaría expuesto ante una compleja investigación que lo toca de cerca. En tiempos en que la propia militancia del Partido Justicialista exige una renovación dirigencial, puertas adentro, algunas figuras parecerían esmerarse en que nada cambie. Como suele decirse, «favor, con favor se paga».
