La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) iniciará una auditoría nacional para revisar cada caso de pensiones no contributivas en Salta y otras provincias del norte argentino. Este operativo surge a raíz de notorias inconsistencias en un alto porcentaje de las pensiones otorgadas entre 2003 y 2023.
El operativo nacional abarcará a 1.223.864 beneficiarios en todo el país, con especial enfoque en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, y algunos municipios del conurbano bonaerense. En una auditoría médica reciente, se detectó que solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión.
El fiscal Guillermo Marijuan ha iniciado una investigación penal por defraudación al Estado nacional, involucrando a funcionarios municipales y de la Anses, así como a profesionales de la salud en Chaco y otras provincias. En Taco Pozo, Chaco, se han formulado cargos contra 13 imputados por falsedad ideológica y asociación ilícita.
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Los beneficiarios serán citados a oficinas de la Anses o hospitales públicos para evaluar su grado de discapacidad. También se revisará su perfil socioeconómico para determinar la legitimidad de su beneficio. Este operativo podría resultar en la baja de hasta 500.000 pensiones irregulares para finales de agosto o comienzos de septiembre.
Desde la Andis han asegurado que solo se retirarán pensiones a quienes no cumplan con los requisitos legales. Los beneficiarios tendrán la oportunidad de apelar la decisión. Quedarán excluidos del operativo los 100.000 niños, niñas y adolescentes y los 60.000 adultos mayores que hoy perciben el beneficio.
El número de pensiones no contributivas ha aumentado significativamente desde 2003, pasando de 80.000 a cerca de 1.300.000 en la actualidad. Este crecimiento se debe a normativas que flexibilizaron los requisitos para acceder a las pensiones, incluyendo la eliminación de la exigencia mínima de incapacidad laboral en 2023.
Fuente: El Tribuno Salta.
Foto de archivo.
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