El proceso se retomará en agosto tras considerar que el músico está en condiciones de afrontar el debate oral.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 resolvió reanudar el proceso judicial contra Cristian Pity Álvarez y fijó el inicio del juicio oral para el próximo 10 de agosto. La decisión se tomó luego de evaluar que el acusado se encuentra actualmente en condiciones mentales de comprender el proceso penal en su contra.
El fallo se apoyó en un dictamen del fiscal general Sandro Abraldes, que concluyó que las facultades del imputado están estabilizadas. Según el tribunal, Álvarez puede entender el alcance y las consecuencias del juicio, lo que habilita la continuidad del expediente tras varias suspensiones previas.
El debate oral se desarrollará en once audiencias previstas entre agosto y septiembre de 2026. Además, los jueces dispusieron la prohibición de salida del país y establecieron que el músico no podrá ausentarse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin autorización judicial.
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Uno de los elementos que influyó en la decisión fue la actividad reciente del acusado, que incluyó presentaciones musicales. Para la fiscalía, estas actuaciones evidencian un adecuado nivel de funcionamiento cognitivo, con capacidad de concentración, memoria e interacción social sostenida.
Álvarez está imputado por el homicidio agravado de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, y también enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad en un hecho anterior. El proceso había sido suspendido en distintas oportunidades desde 2021 debido a su estado de salud.
En los últimos años, el músico fue sometido a evaluaciones del Cuerpo Médico Forense y peritos de parte. Mientras los especialistas oficiales señalaron que cuenta con aptitud para afrontar el juicio, la defensa sostuvo que no existen garantías sobre su estabilidad durante el desarrollo del debate.
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El tribunal rechazó la solicitud de realizar nuevas pericias antes del juicio y consideró que no se puede supeditar el avance del proceso a tratamientos futuros. También remarcó que existen antecedentes de dificultades en el cumplimiento de abordajes terapéuticos por parte del imputado.
Con esta resolución, la causa retoma su curso tras años de demoras y se encamina hacia una instancia clave, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le atribuyen.
