Una disposición publicada en el Boletín Oficial establece parámetros estandarizados para detectar buques extranjeros que realicen pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva.
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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el fortalecimiento del control de la pesca ilegal en el Mar Argentino con la publicación de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que fija criterios objetivos para la detección temprana de posibles infracciones cometidas por buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La normativa, difundida a través del Boletín Oficial, busca optimizar la identificación de conductas compatibles con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una problemática que afecta de manera directa la sustentabilidad de los recursos marítimos y la soberanía nacional. Al establecer parámetros uniformes, la medida apunta a mejorar la eficacia de las tareas de fiscalización y control en aguas bajo jurisdicción argentina.
En este esquema, la Prefectura Naval Argentina cumple un rol central. Como autoridad nacional con funciones policiales en el mar y policía auxiliar pesquera, el organismo aporta su capacidad operativa y tecnológica para la vigilancia de los espacios marítimos. Entre las herramientas clave se destaca el Sistema Guardacostas, una plataforma que integra información técnica, administrativa y de movimiento de embarcaciones en tiempo real a escala global.
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A partir de este sistema, la Prefectura implementa procedimientos que incluyen la detección electrónica de buques, el análisis de patrones de navegación y comportamiento, y la recopilación y custodia de pruebas obtenidas de múltiples fuentes. Esta información resulta fundamental para que la autoridad pesquera nacional pueda iniciar actuaciones administrativas y, en caso de corresponder, aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.
Desde el organismo subrayaron que el enfoque adoptado no se limita al seguimiento de datos aislados, sino que prioriza la identificación de comportamientos que puedan constituir indicios de actividad ilegal. Al mismo tiempo, remarcaron que el procedimiento permite diferenciar claramente las maniobras ilícitas del ejercicio legítimo del derecho de libre navegación, en línea con lo establecido por el derecho internacional.
La implementación de estos criterios estandarizados consolida a la Argentina como un actor activo en la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Según destacaron fuentes oficiales, el modelo operativo y jurídico aplicado por la Prefectura Naval ha sido reconocido a nivel internacional como una buena práctica para la protección de los recursos pesqueros y la defensa de los intereses estratégicos del país.
