La legislación actual, vigente desde 2000, necesita adecuarse a los cambios y estándares internacionales. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió un debate participativo y presentó un anteproyecto que recibió 123 comentarios de ciudadanos, organizaciones y entidades públicas y privadas. La propuesta, actualmente en espera de tratamiento en la Cámara de Diputados, busca un cambio de paradigma, priorizando el derecho de las personas a la protección de sus datos.
La Ley 25.326, sancionada en 2000, colocó a Argentina como pionera en protección de datos en América Latina. Sin embargo, más de 20 años después, la innovación tecnológica y el desarrollo digital exigen una actualización normativa. La nueva ley busca garantizar la autodeterminación informativa y proteger los datos personales. La urgencia de la actualización se destaca especialmente ante la sanción del Reglamento Europeo de Protección de Datos, marcando la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos jurídicos y tecnológicos.
Expertos, como Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, señalan áreas claves que requieren actualización, entre ellas, la obligatoriedad de seguridad, limitación efectiva a la recopilación de datos por parte del Estado y el reconocimiento de que los datos inferidos también son personales. El artículo 21 del proyecto, que establece la notificación de vulnerabilidades a los titulares de datos, es considerado urgente por Tomás Pomar del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Además, Pomar sugiere considerar aspectos relacionados con inteligencia artificial y machine learning.
MIRÁ TAMBIÉN | Confirman el primer brote de encefaliomelitis equina en Neuquén
Aunque se considera el proyecto necesario, se sugiere que se podrían implementar cuestiones adicionales relacionadas con los desafíos emergentes de inteligencia artificial y machine learning. La protección de datos y la notificación oportuna de vulnerabilidades son cruciales en un entorno digital en constante evolución. La actualización de la ley es vista como una herramienta esencial para salvaguardar la privacidad y los derechos de los ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado.
Fuente: Télam
