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Sociedad

Revelación: Los jueces deben dar el veredicto antes del lunes

Terminó el juicio por la causa “Relevación” en la que se encuentran imputados varios ex ministros del Gobierno del Chubut. La Fiscalía aseguró que hubo “sobreabundantes pruebas” y aseguró que el ex gobernador Das Neves era “el jefe” de la asociación y detalló que se recaudaban entre $ 8 y 9 millones mensuales se retornos, que luego eran distribuidos como sobresueldos.

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Luego de un mes de juicio, la causa “Revelación” llegó a su fin y ahora los son los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales quienes deben emitir el veredicto.

A juicio llegaron los ex funcionarios del Gobierno provincial Pablo Oca, Diego Correa,  Alejandro Pagani, Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luthers y Gonzalo Carpintero Paterson, además del empresario Martin Castillo.

La causa demandó más de 2 años de investigación y en el debate los fiscales aseguraron que expusieron “sobreabundantes pruebas” y ahora, según los plazos procesales, la condición de culpabilidad o inocencia de cada uno de los imputados, deberá conocerse antes del lunes.

La Fiscalía sostuvo que “la asociación ilícita empezó a funcionar a partir del tercer gobierno de Mario Das Neves, desde diciembre del 2015 -y- tuvo como objetivo principal el pago de retornos por parte de empresarios de la construcción. Estos retornos derivaban de la obra pública”.

Es importante recordar que la causa llegó a tener más de 60 imputados, la mayoría de ellos empresarios, y casi la totalidad fue beneficiada con el instituto de la Probation (suspensión de juicio a prueba).

Para los investigadores “estos empresarios fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas”.

De acuerdo a la investigación, estos retornos luego se distribuían en forma de “sobresueldos” a los involucrados, movimientos que quedaban registrados en las famosas “listas de Luthers”. De acuerdo a lo indagado por los investigadores, la asociación “recaudaba entre 8 y 9 millones de pesos mensuales”.

Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la asociación ilícita tuvo también ramificaciones en Comodoro Rivadavia, donde se fijó como objetivo apropiarse de Canal 9. La maniobra fue realizada por Jorge Ninin, condenado en este caso; y por Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la propietaria de ese canal.

Los investigadores expusieron durante el juicio que el extinto gobernador “Mario Das Neves era el jefe de esa asociación”, subrayando que este entramado “no pudo haber funcionado sin su expresa anuencia”.

Esa asociación ilícita comenzó el 1º de diciembre del 2015 y coincide con la asunción del ex gobernador. Sus integrantes ocuparon lugares estratégicos y con mucho poder. Tenían un rol diferenciado y todos estaban cohesionados mediante el mecanismo común”, sostuvo el fiscal Nápoli en sus alegatos.

Los fiscales subrayaron que fueron clave las pruebas incautadas en la casa de la calle Marconi al 340 de Trelew, propiedad de los padres de Luthers, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs).

Asimismo las pericias informáticas realizadas marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esta asociación ilícita organizada por Correa y el sistema de liberación del pago que realizaba Oca, repasó la Fiscalía.

El juicio también contó con testimonios del personal de la Administración Pública. Los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa manifestaron que Luthers les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.

Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran de entre el 3 y 5% del total del costo de la obra ejecutada.

Para los Fiscales, todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre 2016 y 2017, y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa.

Ajuicio de los fiscales “no quedó ninguna duda de que estas personas integraban una asociación ilícita que tenían como finalidad por un lado la de enriquecerse, afectando el patrimonio del Estado Provincial y el patrimonio particular de empresarios de la construcción que no tenían nada que ver con esta red que estaba enquistada dentro de la administración pública Provincial del Chubut”.

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