El gobierno estadual presentó una estrategia en cinco fases para restituir la presencia del Estado en zonas controladas por narcotraficantes y milicias, donde viven casi cuatro millones de personas.
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El gobierno de Río de Janeiro anunció un ambicioso plan de recuperación de territorios con el objetivo de restituir zonas urbanas actualmente dominadas por organizaciones criminales. La iniciativa apunta a revertir una situación crítica: cerca de cuatro millones de habitantes, el 34,9% de la población de la ciudad, residen en áreas bajo control de grupos armados, que abarcan el 18,1% de la superficie urbanizada.
La puesta en marcha del programa depende de la aprobación del Supremo Tribunal Federal, que desde 2020 mantiene restricciones a las operaciones policiales en favelas para proteger los derechos humanos y exige respuestas integrales por parte del Estado. Un informe reciente de la Universidad Federal Fluminense reveló que el territorio bajo control criminal en Río creció un 59,4% entre 2007 y 2024, con presencia tanto de narcotraficantes como de milicianos, principalmente en barrios populares con débil presencia estatal.
La violencia estructural continúa siendo una de las principales problemáticas del área metropolitana de Río de Janeiro, considerada entre las más violentas de Brasil. Uno de los episodios más graves ocurrió en noviembre pasado en los complejos de favelas de Penha y Alemão, donde un operativo policial dejó 122 muertos, incluidos cinco agentes, en lo que se considera la acción más letal registrada en el país.
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El plan presentado se estructura en cinco fases integradas que van más allá del accionar policial tradicional. La primera etapa se centra en el restablecimiento sostenido de la seguridad pública, con mapeo territorial, presencia policial permanente y eventual apoyo de fuerzas federales. En paralelo, se busca desplazar a los grupos armados y garantizar el acceso a la justicia.
Otro eje clave es el combate a las finanzas ilegales, mediante la fiscalización de servicios como gas, transporte informal, internet y venta de hielo, rubros en los que las mafias cobran tarifas clandestinas a los vecinos. Las etapas posteriores se enfocan en el desarrollo social y urbano, con asistencia social, fortalecimiento educativo, escuelas de tiempo integral, cursos técnicos y obras de infraestructura básica, además de la regularización de tierras.
La estrategia incluye también la promoción del desarrollo económico local, con incentivos para microempresas, cooperativas y el turismo comunitario. Finalmente, la fase de gobernanza apunta a consolidar los avances mediante mecanismos de control social y una plataforma digital de transparencia.
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El programa comenzará con un proyecto piloto en el sudoeste de la ciudad, en las zonas de Río das Pedras, Muzema y Gardenia Azul, áreas marcadas por disputas entre milicias y facciones del narcotráfico. Se estima que la primera etapa beneficiará a unas 70.000 personas, con la posibilidad de ampliarse progresivamente hasta alcanzar a 1,2 millones de habitantes.
Desde el gobierno regional remarcaron que la recuperación territorial no se limita al refuerzo policial, sino que implica el regreso pleno del Estado con servicios públicos, políticas sociales y condiciones de vida sostenibles para las comunidades más afectadas.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
