El 23 de enero aproximadamente a las 21 hs., el peón de un campo escuchó ladrar a los perros, observó un Suzuki Fun y a dos personas caminando por la casa de la propietaria. Reconoció a ambos. Entonces vio a uno de ellos mirando por la ventana con una capucha en la cabeza. Salieron, el otro le pegó con un rastrillo en el brazo, la víctima cayó al piso cerca de un canal y mientras se encontraba en el suelo, el mismo imputado sacó un arma de fuego y realizó un disparo intimidante, antes de obligarla a ingresar a la vivienda. Le cubrieron la cabeza y lo sujetaron, mientras le preguntaban donde tenía la plata, amenazándolo constantemente con el arma de fuego. El denunciante les indicó el sitio donde guardaba su dinero y al encontrarlo, uno de los asaltantes le dijo «qué poco que ganás». Siguieron exigiéndole más plata bajo amenazas de cortarlo con un cuchillo, hasta que desistieron de la búsqueda. Fue entonces cuando lo ataron de pies y manos, lo tiraron sobre la cama y cerraron la puerta de la habitación con candado.
Recién a la mañana siguiente el damnificado pudo sacarse una zapatilla y librarse de las ataduras de los pies. Salió del lugar por la ventana, se dirigió a la casa de un conocido, lugar donde le sacaron las ataduras de las manos y dieron conocimiento a la policía.
Los asaltantes sustrajeron 4 mil pesos, un celular táctil Motorola, cuatro corderos, ochenta huevos y un rifle calibre 22, entre otros elementos.
La medida de coerción
Los imputados cumplen prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, desde la audiencia de apertura. Este lunes se realizó una audiencia de la que participaron desde los respectivos lugares de detención, uno por video conferencia y el otro vía telefónica, en tanto que las partes y el juez lo hicieron desde oficinas y sus respectivos domicilios por el sistema Webex Meet.
La Fiscal María Bottini, junto a la funcionaria Mónica Caveri, requirieron la continuidad de la prisión preventiva fundando la necesidad de evitar que los imputados busquen impedir la continuidad del proceso en su contra. Los defensores Daniel Sandoval y Valeria Ponce respectivamente se opusieron. El primero pidió el reemplazo por arresto domiciliario para su defendido, indicando que además de lo dispuesto en este proceso, por el aislamiento social decretado, estará sometido dicho cumplimiento a un doble control, haciendo imposible que salga de la ciudad de Esquel, lugar en que lo cumpliría. Ponce indicó que además de la situación generada por la prevención del COVID-19, no hay elementos de prueba suficientes para tener a su defendido como coautor del hecho que se le imputa.
El juez rechazó los planteos de ambas defensas, entendió que hay elementos suficientes para acreditar la probabilidad de autoría que requiere esta etapa procesal y valoró que la conducta de ambos imputados en otros procesos penales hace descartar una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
