Este miércoles, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, brindó una conferencia junto al jefe de fiscales, Juan Carlos Caperochipi, y el responsable de la División de Investigaciones, Pablo Lobos, por el hurto de 30 dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Al respecto, el funcionario provincial calificó como «extremadamente grave» lo ocurrido y aseguró que «se han activado todos los mecanismos porque vamos a ir a buscar a los responsables».
En la conferencia de prensa realizada en la localidad petrolera, Massoni adelantó que como «ha fallado la custodia» de las vacunas Sputnik V, las cámaras de seguridad que funcionan en el nosocomio serán «incluidas en el Centro de Monitoreo para tener un soporte de 25 días y no de 4 como ahora».
En tanto, el ministro indicó que para un mayor resguardo de las dosis «se requiere presencia de personal de seguridad de este Ministerio».
El encargado de la cartera de Seguridad aseguró que se trata de un hecho «totalmente nefasto para la ciudadanía y entendemos que puede haber sido generado por empleados públicos», por lo que se realizaron 15 allanamientos en distintos domicilios y el secuestro de teléfonos celulares «de los que pueden llegar a surgir elementos que nos posibiliten determinar quiénes han tenido responsabilidad».
Por último, Massoni señaló: «Acá había un delito manifiesto, vacunas que debían estar bajo el resguardo de una persona responsable y en un lugar en el cual debían tomarse todas las medidas de seguridad», y lamentó que «hayan transcurrido dos semanas (entre el día que se cometió el hecho y la denuncia) porque genera un impedimento para llegar rápido a los responsables».
Por su parte, Juan Carlos Caperochipi, jefe de fiscales, habló sobre el avance de la investigación, e indicó que «se inicia el 8 de febrero tras una denuncia presentada por la directora del Área Programática Sur en el Ministerio Público Fiscal».
Además, el fiscal aclaró que «ha existido una demora por causas que no hemos podido establecer pero que se están averiguando entre el acaecimiento de estos hechos, que han sido entre el 26 y 27 de enero, y la presentación de la denuncia». Asimismo, advirtió que ese tiempo transcurrido «nos condiciona en la obtención de la prueba».
Por último, Caperochipi explicó que si bien el hecho «está calificado bajo la carátula de hurto, el bien jurídico que se afecta no es solo la propiedad sino también toda la cuestión sanitaria y la seguridad de las personas en el marco de la pandemia, por lo que no descartamos un cambio de calificación».
