El máximo tribunal informó la transferencia de más de 238 mil dólares y más de 4 millones de pesos, en el marco del decomiso de bienes ordenado tras la condena firme por lavado de dinero.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez, provenientes de distintas cuentas bancarias, además de poco más de 4 millones de pesos obtenidos a través de la subasta de dos aviones. Los fondos fueron transferidos por el Tribunal Oral Federal N° 4, luego de que se ordenara avanzar con el decomiso de bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.
A comienzos de este mes, el máximo tribunal inició el operativo destinado a devolver al Estado los bienes y el dinero decomisados al empresario condenado. En ese contexto, se dispuso la inscripción registral de los activos bajo la titularidad de la Corte Suprema, conforme a lo establecido en el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación, en cumplimiento de la sentencia firme.
De acuerdo con la condena dictada en abril de 2021 por el TOF 4, el monto total del decomiso asciende a unos 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas que incluyen más de 54 millones de dólares, otros tramos de 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esas cifras se suman alrededor de 4,17 millones de pesos, actualizados por inflación según el índice del INDEC.
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El fallo original establecía que, una vez firme la condena, se debía ejecutar el decomiso sobre la totalidad de los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y ratificada definitivamente por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas.
El proceso de recuperación de activos no estuvo exento de controversias. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno nacional dictó el Decreto 575/2025, mediante el cual creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar los bienes decomisados. La medida generó tensiones institucionales, ya que la Corte había establecido que estos procedimientos deben quedar bajo control de los jueces penales para resguardar la independencia judicial.
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La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al sostener que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía y autarquía presupuestaria de la Corte Suprema.
La causa conocida como la “Ruta del dinero K” determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó adelante maniobras de lavado de dinero vinculadas principalmente a la empresa Austral Construcciones, a través de la financiera SGI. Según la investigación judicial, el esquema permitió la expatriación y posterior reingreso de fondos de origen ilícito por más de 54,8 millones de dólares, mediante operaciones financieras en el país y en el exterior, además de otras maniobras independientes como la compra de inmuebles, autos de lujo y el financiamiento de gastos personales.
