La investigación del Ministerio Público Fiscal reveló una trama que involucraría a 237 profesores y más de 290 inscripciones con documentación adulterada en procesos del Ministerio de Salud provincial. Dos mujeres fueron detenidas y acusadas por fraude y asociación ilícita.
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Un total de 53 docentes fueron imputados en la provincia de Salta tras detectarse la presunta presentación de certificados apócrifos con el objetivo de aumentar puntaje en concursos y procesos de designación en el Ministerio de Salud. La causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal local, expuso una red que habría operado a través de redes sociales ofreciendo diplomaturas “avaladas” por instituciones reales, aunque con documentación falsificada.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó el 17 de diciembre de 2025 luego de la denuncia presentada por el secretario de Gestión Educativa, quien advirtió que una auditoría interna detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y al menos 237 docentes presuntamente implicados. La maniobra habría impactado directamente en las Juntas Calificadoras, que comparten una misma base de datos para evaluar antecedentes y otorgar puntajes.
La pesquisa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos, que estableció que los docentes eran contactados mediante la red social Facebook a través de perfiles identificados como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Desde allí se ofrecían diplomaturas con puntaje oficial, aparentemente respaldadas por instituciones educativas reconocidas. Los pagos exigidos oscilaban entre 95 mil y 360 mil pesos, tras lo cual los compradores recibían certificados en formato PDF con sellos y firmas escaneadas.
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Desde la Dirección de Control y Acreditación de Títulos se corroboró que los números de registro consignados en los certificados eran inexistentes o duplicados, y que no figuraban en bases oficiales. Esa verificación técnica resultó clave para avanzar en la imputación formal de los involucrados y profundizar la investigación penal.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio determinó los roles dentro de la presunta organización: una docente del sur de la provincia se encargaba de captar interesados y gestionar los cobros; otra mujer en el norte brindaba soporte y respondía consultas bajo identidad ficticia; mientras que un hombre radicado en Bariloche habría actuado como administrador digital y receptor de fondos.
En el marco de la causa, dos mujeres fueron detenidas e imputadas provisoriamente por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública y asociación ilícita en concurso real. La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en un caso que sacude al ámbito educativo y sanitario salteño.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
