El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció una nueva medida para asegurar la transparencia y el comportamiento ético de los funcionarios de su gobierno. A través de un decreto, Poggi ordenó la implementación de narcotests aleatorios para todos los integrantes de la administración pública provincial. Esta iniciativa surge tras el fracaso en la Legislatura de aprobar una ley que contemplara estos controles obligatorios. «He decidido avanzar con controles toxicológicos obligatorios para los miembros del gabinete», afirmó Poggi, quien subrayó la necesidad de garantizar que quienes manejan políticas públicas lo hagan con «ejemplaridad y coherencia».
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Los controles toxicológicos serán realizados de manera aleatoria y confidencial, evitando cualquier arbitrariedad en la selección de los evaluados. El gobernador aclaró que el objetivo no es sancionar, sino brindar apoyo a quienes necesiten mejorar su desempeño. «Si alguien da positivo, se le otorgarán las licencias necesarias para recibir tratamiento», explicó Poggi, añadiendo que se aplicará la legislación vigente para esos casos.
El decreto alcanzará a ministros, secretarios, directores, jefes de área y otros cargos jerárquicos dentro de la administración pública, así como a altos mandos de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia. La medida también se extenderá a los responsables de organismos descentralizados y sociedades del Estado. Poggi invitó al Poder Judicial y al Legislativo, así como a los municipios, a sumarse a esta iniciativa para garantizar la coherencia en todos los niveles de gobierno.
El narcotest consiste en un análisis de saliva que permite detectar drogas como cocaína, marihuana, opiáceos, metanfetaminas y anfetaminas. El procedimiento es simple y rápido: con un hisopo, se toma una muestra de la saliva, y en menos de 15 minutos se obtiene el resultado. Esta herramienta es clave para identificar el consumo de drogas y actuar en consecuencia.
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Esta política, que entrará en vigencia en 90 días, busca elevar los estándares de conducta en el servicio público y asegurar que quienes trabajan para el bienestar de los ciudadanos lo hagan con total responsabilidad. Poggi concluyó que la responsabilidad de servir al pueblo exige los más altos niveles de ética y conducta, invitando a todos los sectores del Estado a adoptar una postura similar.
