El desmantelamiento de las vías del tren en el norte de Salta, específicamente en los ramales C25 y C15, ha generado gran preocupación. Este saqueo, que recuerda al robo del Gasoducto del NEA en 2020, está afectando a las comunidades locales y la infraestructura ferroviaria. Toneladas de rieles están siendo removidas y contrabandeadas a Bolivia a través de pasos ilegales, donde se venden como chatarra a $190 la tonelada.
El problema ha escalado hasta el punto de que, a pesar de múltiples procedimientos policiales, la remoción de vías continúa. Las autoridades han identificado una red de contrabandistas que utiliza documentación fraguada y opera desde fincas fronterizas para cruzar ilegalmente estos rieles a Bolivia. Este saqueo se realiza con la complicidad de algunas comunidades y la falta de intervención efectiva de las fuerzas de seguridad.
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En junio, un cargamento de 35 toneladas de rieles fue interceptado en Orán, lo que encendió las alarmas sobre la magnitud del problema. A pesar de las acciones de la Fiscalía Federal de Tartagal y del Ministerio de Seguridad, la vigilancia en la frontera sigue siendo insuficiente. Las autoridades están trabajando para fortalecer el control y aplicar la ley en los puntos críticos, como la ruta provincial 54 en Campo Durán, donde se han reportado cobros de peaje por el uso de pasos ilegales.
La situación es grave y requiere una intervención urgente para detener el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria y proteger la seguridad en la región.
Fuente: El Tribuno de Salta.
