En una sesión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Justicia, la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen que permitirá la implementación de juicios por jurados en los tribunales federales y nacionales para delitos graves, con penas superiores a los cinco años de prisión. Este sistema busca integrar a los ciudadanos en el proceso judicial, permitiéndoles participar activamente en la toma de decisiones que determinarán la culpabilidad o inocencia de los acusados.
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El proyecto establece que los jurados estarán compuestos por 12 ciudadanos y dos suplentes, elegidos por sorteo, con la exigencia de paridad de género. Aunque el veredicto será inapelable y secreto, el juez será el encargado de determinar la condena y resolver cuestiones técnicas del caso, como planteos de nulidad o pedidos de libertad. El sorteo de los jurados será realizado por la Cámara de Casación Penal, sobre la base de los padrones confeccionados por la Cámara Nacional Electoral.
Este modelo ya está en funcionamiento en varios países y en 12 provincias argentinas, como Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Mendoza. La idea detrás del juicio por jurados es brindar mayor transparencia al sistema judicial y restablecer la confianza de la sociedad en la Justicia, en un contexto donde se ha percibido una creciente desconfianza hacia el poder judicial.
El proyecto ha generado apoyo en distintos sectores, y algunos expertos, como Alberto Dalla Via, juez de la Cámara Electoral, señalaron que el juicio por jurados no reemplaza el rol del juez, sino que aporta una visión ciudadana en decisiones políticas del caso. El director de la oficina de juicios por jurado de CABA, Gastón Blanchetière, subrayó la importancia de capacitar a los operadores judiciales en este nuevo formato.
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En cuanto a los requisitos para ser parte de un jurado, los ciudadanos deben tener entre 18 y 70 años, saber leer y escribir, y residir en la jurisdicción correspondiente. Quedan excluidos abogados, escribanos, profesores de derecho, funcionarios públicos y personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Con esta medida, Argentina busca cumplir con el mandato constitucional de 1853 y avanzar en la democratización del sistema judicial.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: X (@DiputadosAR)
