El 31 de marzo próximo, las dietas de los senadores se descongelarán, después de varios meses de congelamiento decidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Este freno había sido implementado en enero, pero ahora, con el inicio del período ordinario, la decisión pasará a manos de los bloques del Senado, que ya han dado señales de que no buscarán cambios. De ser así, desde mayo, cada senador pasará a cobrar, como mínimo, $9 millones en bruto.
La actualización de las dietas fue un tema polémico desde que, en abril del año pasado, se aprobó un nuevo sistema de remuneración para los legisladores. Este sistema incluyó 2.500 módulos base, con adicionales por gastos de representación y desarraigo, lo que aumentó significativamente el monto recibido por los senadores. A partir de mayo de 2024, estos pagos superaron los $7 millones en bruto, aunque algunos legisladores, como Alicia Kirchner, optaron por mantener su jubilación y no entrar en esta nueva estructura salarial.
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En los últimos meses, la discusión sobre las dietas fue acompañada por una creciente presión de los senadores para que se actualicen sus salarios. La última actualización se frenó a raíz de la polémica generada por el aumento de sueldos a empleados legislativos, lo que provocó que el Congreso decidiera suspender los aumentos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ahora, con la llegada de 2025, las bancadas del Senado parecen no tener intención de modificar el sistema establecido.
Este asunto también está vinculado a la situación política y económica del país. En medio de la inflación y la falta de consensos, el gobierno enfrenta críticas por la distribución de los recursos y por no poder imponer una agenda clara en el Congreso. La oposición, por su parte, aprovecha el tema para fortalecer su discurso, acusando al oficialismo de no priorizar los problemas reales de la sociedad.
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Los senadores, mientras tanto, se quejan de que su salario queda menguado por los impuestos, como el Impuesto a las Ganancias, que afecta a muchos de ellos. Además, el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, con altos alquileres y otros gastos, también incide en el poder adquisitivo de los legisladores. Aunque pocos se animan a decirlo abiertamente, este es un tema recurrente en los pasillos del Senado.
En paralelo, los empleados del Congreso aguardan que, al menos, se replique la paritaria de la administración pública, con aumentos salariales similares a los del sector estatal. En este contexto, el Gobierno sigue sin margen para imponer su agenda política, mientras que las tensiones dentro del Senado y entre los gremios legislativos siguen creciendo.
Fuente: Infobae.
