Según los ambientalistas, el fallo marca el principio del fin de la minería sobre los glaciares

Organizaciones ambientalistas celebraron este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvo la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y afirmaron que es el «principio del fin para la minería sobre glaciares».

Este mediodía, la Corte Suprema rechazó la «acción declarativa» de inconstitucionalidad de la ley 26.639 que promovían las empresas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, que contó con el apoyo de las autoridades de la provincia de San Juan.

«El fallo pone un freno a los 44 proyectos mineros cercanos o sobre cuerpos de hielo que están evaluados, según consta en un documento de la Secretaría de Ambiente de la Nación», afirmaron las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en un comunicado conjunto emitido hoy.

Según surge de un informe elaborado por Greenpeace, la Secretaría de Ambiente de la Nación evalúa actualmente varios proyectos mineros que podrían desarrollarse en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan, Chubut y Santa Cruz, entre otras.

«La ley es muy clara. Si en la zona hay glaciares, o si se pone en peligro el ambiente periglacial, allí no se puede avanzar. El acceso a fuentes de agua dulce depende de ello, ya que el 80% de dichas reservas están en los glaciares», sostuvo Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace.

«Ahora, resta que se haga efectivo el cumplimiento de la ley y que cierre Veladero», aseveró Strano. 

Por su parte, Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, manifestó que «Barrick siempre supo que su emprendimiento minero Veladero y el proyecto Pascua Lama violan la Ley de Glaciares, por eso la cuestionó judicialmente. Ahora no hay más excusas».

Pia Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN, sostuvo: «Una decisión de este tipo reafirma la importancia estratégica de nuestras fuentes de agua dulce, y respalda el sistema de protección ambiental vigente con leyes de presupuestos mínimos».

Y agregó que el fallo «es una decisión que vuelve a poner sobre la mesa que los intereses particulares no pueden pasar por alto las necesidades de un país de preservar sus bienes ambientales».