El Supremo Tribunal Federal aceptó por unanimidad las denuncias contra ex altos cargos del gobierno de Bolsonaro, acusados de planear un atentado contra Lula da Silva y atentar contra el orden democrático.
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El Tribunal Supremo de Brasil aprobó este martes la apertura de juicio contra seis exfuncionarios del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, por su presunta participación en la organización del fallido intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó electo Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre los imputados se encuentra el general retirado Mário Fernandes, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia. De acuerdo con las investigaciones, es considerado el ideólogo de un supuesto plan para asesinar a Lula y otras autoridades brasileñas, en un intento por frenar la transición democrática.
Las acusaciones incluyen delitos graves como golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños calificados y deterioro del patrimonio protegido. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, compuesta por cinco jueces de perfil progresista, votó por unanimidad a favor de llevar a juicio a los acusados.
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Este proceso judicial se suma a la decisión tomada el mes pasado por el mismo tribunal, que resolvió enjuiciar a Bolsonaro y a otros siete colaboradores cercanos por su presunta implicación en la planificación del intento de ruptura institucional.
El expresidente ha reconocido públicamente que, tras su derrota electoral, discutió con miembros de la cúpula militar la posibilidad de decretar un estado de excepción, aunque asegura que ese recurso está contemplado en la Constitución brasileña.
El punto más crítico del conflicto ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron violentamente en las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, exigiendo una intervención militar para desconocer el resultado electoral. Por estos hechos, más de 500 personas ya han sido condenadas, con penas que alcanzan los 17 años de prisión.
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Además, otras 532 personas acusadas de delitos menores firmaron acuerdos de no persecución penal, evitando así el juicio a cambio de cumplir condiciones pactadas con la justicia.
En paralelo, sectores de la extrema derecha, con apoyo de algunos partidos de centro, intentan promover una ley de amnistía para los condenados. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido admitido a trámite por la Cámara de los Diputados.
Fuente: EFE
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