En el texto, las cancillerías señalaron que este tipo de intervenciones contravienen principios esenciales del derecho internacional, como la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Subrayaron además la necesidad de preservar los mecanismos diplomáticos como vía para resolver conflictos.
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Los países firmantes remarcaron también su inquietud frente a “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos” de Venezuela, en alusión directa a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del país caribeño.
La declaración conjunta se conoce en un contexto de fuerte incertidumbre política en Venezuela, tras la detención de Maduro y la intervención militar extranjera, hechos que generaron reacciones encontradas en la comunidad internacional y reavivaron el debate sobre la legalidad de este tipo de acciones.
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Finalmente, los seis gobiernos reafirmaron su compromiso con el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de una salida pacífica y negociada a la crisis venezolana, con el objetivo de evitar una mayor desestabilización en América Latina y Europa.
Fuente: DW.
