El proyecto propone endurecer penas y crear nuevas herramientas legales para combatir el crimen organizado.
El Senado aprobó este miércoles el dictamen de la ley antimafia, un proyecto que busca fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales, tras un mes y medio de debates y varios intentos fallidos. Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propone la creación de nuevas figuras legales y endurece las penas para los delitos cometidos por grupos mafiosos.
MIRÁ TAMBIÉN | El Riesgo país llegó en su nivel a más bajo desde 2019
Uno de los ejes centrales de la ley es que todos los miembros de una organización criminal, incluyendo los cabecillas, sean procesados y condenados por el delito más grave que se les impute, como el homicidio, incluso si estos no lo cometieron directamente. Esto busca asegurar que los líderes de las bandas paguen por los crímenes cometidos por sus subordinados.
Otra de las principales medidas de la ley es la creación de la «Zona de Investigación Especial», que tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales y facilitar la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las justicias federal y provinciales. Esta nueva herramienta permitirá realizar investigaciones más efectivas en zonas específicas donde operan estas organizaciones, optimizando los recursos y ampliando la jurisdicción.
MIRÁ TAMBIÉN |Claves para entender en nuevo decreto de las hipotecas divisibles
El dictamen fue aprobado por las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales, con el apoyo del oficialismo y la oposición moderada. Sin embargo, el kirchnerismo, que se ausentó en las reuniones previas, pidió modificaciones de último momento, pero sus sugerencias no fueron aceptadas, ya que el dictamen ya estaba en proceso de firma.
El proyecto también introduce nuevas medidas de investigación, como la autorización de allanamientos a través de comunicaciones fehacientes y la posibilidad de detener a sospechosos durante 48 horas, o hasta 15 días en el caso de delitos transnacionales. Además, establece procedimientos especiales para incautar bienes y realizar requisas en cárceles nacionales o provinciales.
Fuente: LA NACIÓN
Imagen de archivo
