El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que comenzará a tratarse en el Senado y que apunta a revisar el sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo declarado de combatir el fraude y “depurar” las listas de beneficiarios. La iniciativa también introduce cambios profundos en el esquema de prestaciones por discapacidad.
Según el texto oficial, se prevé un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Quienes no completen el trámite de actualización médica y socioeconómica podrían perder el beneficio de forma inmediata.
El proyecto endurece los requisitos para acceder a las pensiones, estableciendo que la invalidez debe ser total y permanente, además de exigir una situación de vulnerabilidad económica comprobada. También se incorpora la incompatibilidad entre el cobro del beneficio y el trabajo formal, incluyendo empleo en relación de dependencia o monotributo.
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Desde el oficialismo sostienen que el sistema creció de manera desproporcionada en las últimas dos décadas y argumentan que existen irregularidades detectadas en auditorías, como domicilios inexistentes o beneficios otorgados sin cumplir requisitos médicos o legales.
En paralelo, sectores de la oposición advierten que la reforma no solo busca ajustar el padrón de beneficiarios, sino también avanzar en una “liberalización” del sistema de prestaciones por discapacidad, lo que podría impactar en los aranceles que perciben prestadores de salud.
Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud fija valores de referencia para las prestaciones, pero la reforma habilitaría mayor libertad de precios para obras sociales y prepagas, lo que según críticos podría derivar en una reducción de coberturas y tensiones en el sistema.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
