“Lo que hicimos ayer (miércoles) fue un juicio, abreviado, no declararon testigos ni leímos documentos, pero fue un juicio al fin. Hicimos una tesis inicial sobre la propuesta al juez, calificamos jurídicamente el hecho y requerimos una pena”, explicó sobre la audiencia de este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson, en la que los imputados participaron por el sistema de videoconferencia.
“Y la actual evidencia que nosotros teníamos, estos datos e indicios que recolectamos a lo largo de la investigación, quedaron plasmados como prueba. Adquirieron un estadío de mayor relevancia en términos de culpabilidad, le estamos pidiendo al juez que toda la prueba que hemos recabado sea calificada como certera”, sostuvo.
“Y esto dijeron Oca y Carpintero, la fiscalía hizo un trabajo serio, tiene razón y somos culpables. Quienes criticaban que había corrupción y sospechaban que la había, acá tienen la certeza de que efectivamente la había”, fundamentó el fiscal.
“Soy optimista que el juez aceptará la propuesta porque ofrecimos además antecedentes idénticos de todas las circunscripciones judiciales de la Provincia respecto de que cuestiones con funcionarios públicos se resolvieron por distintas vías, incluso hasta con probation”, justificó.
“Las personas que han criticado el planteo forman parte del círculo rojo del mundo judicial o de la política y no dejan de tener intereses. Incluso me valió que una persona de apellido Dupuy me hiciera una denuncia, disparatada, ante el Consejo de la Magistratura”, cuestionó.
“Hemos logrado, si el juez homologa el acuerdo, de que estas personas no formen nunca más parte del Estado, la inhabilitación perpetua, que nunca más manejen fondos públicos”, resaltó Nápoli.
“Habrá visto que todavía hay personas del ámbito político que siguen hablando, que han seguido en el Estado y sin embargo, a pesar de que tienen sentencias firmes por delitos contra el mismo Estado, siguen dando clases en las universidades y cobrando sus sueldos”, comparó.
“Es lógico y entiendo que la gente vea el vaso medio vacío, no fueron 20 años presos, no devolvieron más cantidad de dinero, pero también se obtuvieron otras cosas”, argumentó.
Respecto de los bienes que cederá Gonzalo Carpintero, explicó que “dentro de la pauta de conducta de la ejecución condicional le pedimos al juez que dentro de la condena tenga un plazo de seis meses para hacer el acto jurídico del traslación de dominio de muebles e inmuebles a favor del estado provincial”.
“Deberá él con sus abogados contactarse con personal jurídico del Estado, Fiscalía de Estado o Asesoría Legal para hacer las escrituras a favor de la Provincia, que tendrá libre disponibilidad de esos bienes. A mí me gustaría que queden para la fiscalía porque estamos amuchados, pero nosotros no tenemos facultades de disponer a donde van”, recalcó.
“Estamos hablando de una vivienda del barrio Bonorino de Trelew, otras inmobiliarias nos pasaron tasaciones más altas, tiene más de 300 metros cuadrados cubiertos tiene una calidad de construcción muy importante, el otro inmueble es un terreno ubicado sobre Cadfan Hughes y la camioneta ronda los tres millones. Todos los bienes están embargados, aunque de algunos de ellos depende que su cónyuge firme porque son gananciales”, precisó.
“Si el juez homologa y no cumpliera el acuerdo a rajatabla quedará detenido inmediatamente”, advirtió.
“En el caso de Oca no aplicamos multas dinerarias porque no se lo había imputado por enriquecimiento ilícito, sino por haber sido miembro de la asociación ilícita”, aclaró el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
“Establecimos la pena de tres años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y como una idea mía hicimos una salvedad: el contador Oca da clases en la universidad y todos sus alumnos saben lo que ha atravesado y lo que ha reconocido, si nosotros imponían la inhabilitación perpetua general ni siquiera podría seguir dando clases”, señaló.
“Entonces hicimos la reserva de que Oca siguiera en el ámbito académico, pero que donará el sueldo a la propia universidad o alguna entidad de bien público sin usufructuar de ningún modo esa actividad, que la hiciera ad honorem”, remarcó.
“Estuvo de acuerdo Oca y esperamos que esté de acuerdo el juez porque me parece que las universidades no están para perder profesores, él no podría provocar ningún tipo de daños que tuviera que ver con el manejo de fondos, al contrario, pedimos que se impusiera como pauta de conducta la donación del sueldo como profesor”, insistió.
“La posibilidad del juicio abreviado la pueden pedir todos, pero no todos están en la misma situación procesal, y se me ocurre que esto decantará en juicio oral y público”, consideró.
Recordó que siguen en la causa los ex funcionarios Diego Correa, Diego Luthers, Víctor Cisterna, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray y dos empresarios, Medelín y Castillo.
“No es lo mismo la actividad que desplegó Oca o que la pudo haber desplegado Correa, Pagani o Cisterna. El juez sabe que en toda asociación ilícita tiene un orden jerárquico, los jefes, los organizadores y los que se desempeñan como miembros. En esa relación de poder hay características particulares, no es lo mismo una asociación ilícita en el seno del Poder Ejecutivo como la que investigamos nosotros que otra dedicada al narco menudeo o la producción de moneda falsa, por dar ejemplos”, esgrimió.
“Cisterna y Correa cumplían el rol de organizadores, sin dudas que de los que quedan son los más comprometidos”, aseveró en el final.
