El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomó hoy juramento a los nuevos once miembros del Consejo, en representación de los académicos, abogados, magistrados y el Poder Ejecutivo.
La jura, restringida al público, se realizó en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales con la presencia, además de Rosatti, de los otros tres miembros del alto tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con este trámite, quedaron formalmente incorporados Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en representación de la abogacía; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de los jueces; y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo.
El viernes pasado, el Consejo remitió al máximo tribunal los nombres de los cuatro diputados y los cuatro senadores designados por sus respectivas Cámaras para integrar el cuerpo que propone y sanciona magistrados.
En representación de los diputados fueron designados los legisladores del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, del PRO Álvaro González y del radicalismo Roxana Reyes.
En tanto, el Senado aprobó el miércoles el decreto de designación de sus nuevos representantes para el período 2022-2026 en una sesión en la que la oposición no bajó al recinto, en desacuerdo con los nombramientos.
En esa sesión se avaló el decreto parlamentario 86/22 que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.
Los senadores del FdT cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador de PRO Luis Juez.
El primer orador, en representación del FdT, el senador Adolfo Rodríguez Saá, dijo que el máximo tribunal «ignora y viola el espíritu de la Constitución nacional», ya que el artículo 66 establece que cada Cámara hará su reglamento y el tribunal «no puede invalidar la decisión tomada» por el Senado.
Pablo Yedlin, de Tucumán, cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio (JxC) por no bajar a ocupar sus bancas y colocar, en su lugar, textos de la Constitución Nacional.
«Es atronador el silencio de la oposición. ¿Dónde está? Acá no estamos para revisar el fallo hacia atrás, estamos proponiendo con la ley que la Corte Suprema quiso, respetando los fallos como senadores republicanos quiénes son los consejeros, con los dos bloques que hemos constituido hace meses», planteó.
Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, calificó de «gravísima» la intervención de la Corte en las facultades de los senadores y expresó que el fallo «es violatorio» de su «autonomía» y «limita» la libertad de los legisladores de «organizarse políticamente».
La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio, cuestionó que los jueces de la Corte hayan «aceptado ser nombrados por decreto» por el entonces presidente Mauricio Macri (en alusión a los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y advirtió que si admitieron asumir de ese modo están dispuestos a «violar mil veces más» la Constitución.
Ahora, con los representantes políticos elegidos, la Corte deberá decidir si acepta la designación de Doñate que votó el Senado o si insiste en la consideración de que Juez debe ser el representante.
Según la agencia Télam, fuentes del Consejo estimaron que esta semana, luego de las reuniones de acuerdo que celebran los cuatro ministros de la Corte, se podrá tener algún temperamento sobre el caso Doñate-Juez, específicamente, si se convoca a la jura a los legisladores, como se hizo hoy con los estamentos profesionales.
La representación del Congreso en el Consejo es un requisito para que el órgano constitucional pueda cumplir con su función de elegir, remover y sancionar jueces, en un contexto de vacancia en la justicia que en algunos fueros y jurisdicciones alcanza el cincuenta por ciento.
