Este miércoles hubo una conferencia de prensa de los trabajadores viales, encabezada por el secretario general el SITRAVICh, Carlos Milani, donde denunció pasividad de Vialidad Provincia (AVP) ante la causa por viáticos truchos.
En este contexto, remarcaron que la denunciante sufre desde entonces percusión laboral.
Camilo Neira, representante de Madryn del sindicato de viales, remarcó que la conferencia de prensa de este miércoles se convocó para “informar sobre un fallo de la Justicia por unos viáticos que denunciamos en 2018 y tuvo una resolución que no esperábamos”.
“Prácticamente le salió favorable a estos personajes que estuvieron involucrados y hoy gozan del total beneficios de haber pagado un monto inferior a lo afectado y pueden estar tranquilamente en su lugar de trabajo”, cuestionó Neira.
Seguidamente, Carlos Milani, secretario general del gremio, repasó que la causa “tiene mucho tiempo”, precisando que “tomamos conocimiento en mayo de 2018 cuando una compañera nos acerca una nota donde informa que había irregularidades en la liquidación de viáticos en la jefatura de la zona noreste, acá en Madryn”.
Concretamente, se cobraban viáticos de comisiones que no se realizaban. “Con conocimiento de esto, presentamos una nota al Presidente de AVP (Nicolás Cittadini) pidiendo que de manera urgente investiguen ante la posibilidad de irregularidades”.
“Entendíamos que los máximos responsables de la jefatura de zona debían ser separados de sus cargos para proteger la documentación –cuestión- que no sucedió”, lamentó Milani, subrayando que la causa contó con cinco imputados por defraudación contra la Administración Púbica, entre ellos, Vicente Martin, jefe de zona; y Leonardo Sosa, jefe del servicio administrativo.
Recordó que en un primer momento, “en una reunión se intentó persuadir al secretario general adjunto y la denunciante que se trataba simplemente de una mala liquidación –pero- esto ocurrió por lo menos desde enero” de ese mismo año.
“En junio de 2018 hicimos la denuncia penal”, repasó y señaló que actuó el Ministerio público Fiscal de Rawson primero y luego el de Puerto Madryn, pero que el gremio no fue aceptado como querellante.
“La querellante debió haber sido la propia AVP porque era la perjudicada, pero nunca lo hizo. Nosotros sí pedimos ser querellantes, pero no fuimos admitidos como tales”, sentenció.
En este contexto, subrayó que este aspecto “queremos aclararlo muy bien porque hace unos días el Presidente de Vialidad, Nicolás Citadini, expresó que habíamos prestado conformidad en una audiencia de conciliación porque éramos querellantes”.
“No, nosotros no fuimos admitidos como querellantes por el juez actuante –y en la audiencia-participamos como oyentes”, agregó Milani.
“El fiscal expresó que había consentimiento de la AVP para que se concretara la audiencia de conciliación y había dictado una resolución informando esto (2.382), en la que se acepta la conciliación y se explica textualmente que ‘se comprobó el delito de estafa contra la administración pública’, figura que no requiere que sea sujeto especial para el delito (funcionario) y que por la economía provincial la Fiscalía entiende aceptable la aplicación del artículo 47 del código procesal penal”, manifestó el dirigente del SITRAVICh.
Además, “dadas las dificultades de vialidad para obtener las pruebas que la Fiscalía requería, y que a criterio de la Fiscalía el juicio sería más costosos que el monto demandado, se aceptó la devolución de 198.209,88 pesos”, cuestionó Milani.
Esto significa el monto de la defraudación por los viáticos, cifra “que la Fiscalía pudo investigar de enero de 2018 hasta la primera semana de mayo de ese año”.
Milani consideró que esto “es inaceptable porque se comprueba un delito, se acepta la devolución del dinero y no hay sanción alguna, no hay condena, quedan sobreseídos –incluso- los imputados siguen perteneciendo a Vialidad”.
Remarcó que “resulta inaceptable que en toda esta situación la única perjudicada es la persona que hizo la denuncia, porque sufrió presiones laborales de todo tipo y no se la reintegró a su lugar de trabajo”.
Milani concluyó sentenciando que “no hubiéramos aceptado la audiencia de conciliación si hubiésemos sido querellantes”.
