Foto ilustrativa de archivo.
La causa investiga presuntas irregularidades en contrataciones para reparar 16 establecimientos de la cordillera. La jueza Karina Breckle resolverá los planteos realizados por las defensas antes de que el expediente avance a juicio.
La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los planteos formulados por cuatro defensores en la causa que investiga presuntos sobreprecios en obras de reparación de 16 escuelas de la cordillera de Chubut. Las defensas cuestionaron distintos aspectos de la acusación presentada por el fiscal general Omar Rodríguez y solicitaron que sea declarada nula.
Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García realizaron observaciones sobre la descripción de los hechos y la participación atribuida a los imputados. Según plantearon, las deficiencias de la acusación afectan las posibilidades de defensa y pidieron que el proceso no avance en esas condiciones. Entre los argumentos expuestos sostuvieron que “se viola el legítimo derecho de defensa”.
La investigación alcanza a contrataciones directas impulsadas desde los ministerios de Infraestructura y Educación para realizar trabajos de gas, baños y otras reparaciones en establecimientos de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila, entre otras localidades. Entre las obras aparece la de la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 una intoxicación con monóxido de carbono afectó a alumnos y docentes.
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De acuerdo con la acusación fiscal, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León habrían elaborado presupuestos y memorias descriptivas y, en distintos procedimientos, habrían quedado como únicos oferentes. La fiscalía también incorporó mensajes de WhatsApp secuestrados durante la investigación, que según su hipótesis revelarían acuerdos previos sobre las obras, además de coordinaciones para modificar fechas y documentación de los expedientes.
Durante la audiencia, el fiscal general Rodríguez rechazó los cuestionamientos de las defensas y sostuvo que se intenta presentar como simples irregularidades administrativas hechos que, a su criterio, podrían constituir delitos. “Los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativas con el objetivo de enmascarar delitos penales”, afirmó. También sostuvo que existían vínculos entre algunos imputados y funcionarios de distintos niveles del Estado.
La causa tiene como imputados a Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna, Rocío Silva Preciado, Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León. La fiscalía atribuye distintos grados de responsabilidad por presunta defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pretensión de pena varía según el rol atribuido y contempla, para algunos de los acusados, prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una vez resueltos los planteos de las defensas, el expediente continuará su trámite hacia el juicio oral y público.
Con información del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
