El gobierno nacional continúa con su plan de desregulación y transformación del Estado. Esta vez, a través del Decreto 747/24, se eliminaron normas que otorgaban privilegios a empresas públicas en contrataciones estatales. El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que estas derogaciones forman parte del compromiso de «servir a los ciudadanos y no a una casta política».
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En su cuenta de la red social X, Sturzenegger detalló que el nuevo decreto elimina las ventajas otorgadas a Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar SA. Los decretos derogados —1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21—, según el ministro, representaban mecanismos para la corrupción, beneficiando a estas entidades en detrimento de los recursos del Estado. La eliminación de estas normativas es, para Sturzenegger, un paso más hacia la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Entre las normativas derogadas, una de las más criticadas por el ministro fue el Decreto 853/23, que obligaba a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. «Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para que gestionara una contratación que era obligatoria por ley», comentó. Además, se suprimió la obligación de los empleados públicos de percibir sus sueldos a través del Banco Nación, lo que permitirá al Estado elegir opciones más económicas y eficientes para la gestión de esas cuentas.
Otra medida significativa fue la eliminación del Decreto 1191/12, que establecía que los pasajes de empleados públicos debían comprarse a través de Optar SA, empresa que, según Sturzenegger, estaba vinculada a intereses políticos de La Cámpora. A esto se suma la derogación del Decreto 1189/12, que obligaba a adquirir combustible exclusivamente de YPF, impidiendo la posibilidad de obtener mejores precios en el mercado.
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El ministro concluyó su mensaje con un enérgico «Viva La Libertad Carajo», subrayando que la eliminación de estos decretos implica «el fin de la transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas». Este avance se enmarca en la estrategia del gobierno de desmantelar lo que consideran prácticas corruptas y perjudiciales para la eficiencia del Estado.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: 0221.
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