La jueza federal Cristina Pozzer Penzo consideró cerrada la etapa de instrucción y envió a juicio oral a los principales acusados por la desaparición del niño en Corrientes. La causa paralela por entorpecimiento de la investigación también avanza.
Por primera vez en Argentina, un bien malhabido vuelve al Estado tras un juicio civil por extinción de dominio. El dinero será destinado a obras escolares.
La iniciativa baja la prescripción a tres años, limita denuncias penales de ARCA y promete seguridad jurídica a quienes se adhieran al nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
El operativo se realizó este lunes en tierras del Instituto de Seguridad Social de la provincia (ISSN), por parte de la policía provincial, en el marco de una investigación por los delitos de usurpación, amenazas coactivas y resistencia a la autoridad.
Ocurrió en la zona oeste de la ciudad portuaria, donde varias personas habían comenzado a delimitar lotes. Al momento del procedimiento no había nadie.
La Justicia debe resolver si envía a juicio a un hombre de Rawson que intentó usurpar el departamento de un vecino. La Defensa ofreció una disculpa y trabajos comunitarios como “solución alternativa” pero fue rechazado por la víctima y la Fiscalía por los reiterados antecedentes de robo.
La denuncia fue realizada por la propia prestataria de servicios capitalina en el 2018 y al fracasar la posibilidad de una conciliación ahora fue derivada a este proceso penal, el cual aún no tiene fecha de inicio. Las involucradas se encuentran imputadas del delito de usurpación al haber delimitado con un paredón un terreno donde se encuentra localizada una estación transformadora.
Por primera vez en Argentina, un bien malhabido vuelve al Estado tras un juicio civil por extinción de dominio. El dinero será destinado a obras escolares.
La iniciativa baja la prescripción a tres años, limita denuncias penales de ARCA y promete seguridad jurídica a quienes se adhieran al nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad del supermercado y su aseguradora por el accidente de una niña de seis años en una sucursal porteña, aplicando el principio de responsabilidad objetiva en una relación de consumo.