Por primera vez en Argentina, un bien malhabido vuelve al Estado tras un juicio civil por extinción de dominio. El dinero será destinado a obras escolares.
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Una lujosa mansión que perteneció al exintendente kirchnerista de Guaymallén, Luis Lobos, fue subastada este jueves por más de 172 millones de pesos. El dinero obtenido será destinado a reparar escuelas públicas en la provincia de Mendoza, marcando un hito judicial: es la primera vez que un bien de origen ilícito vuelve al Estado a través de un juicio civil por extinción de dominio.
El remate fue celebrado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó que se trata del primer caso exitoso de aplicación de la ley mendocina de extinción de dominio. “Lo robado regresa al Estado para beneficiar a la comunidad”, expresó. La subasta de la propiedad, ubicada en un lote de 1.600 metros cuadrados en el exclusivo barrio privado Alto Portal del Sauce, sobre calle Tiraso, logró concretarse luego de dos intentos fallidos.
La vivienda, valuada en $127,5 millones, había sido confiscada por orden de la jueza María Paz Gallardo tras declarar la constitucionalidad de la ley provincial 9.151. La puja, que comenzó en $60 millones y se realizó de forma virtual, terminó con seis oferentes compitiendo por la adquisición. Finalmente, la propiedad fue adjudicada a un ciudadano de Guaymallén por un monto exacto de $172.241.977,30.
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En paralelo, el gobierno provincial informó que, junto a esta suma, se destinarán otros $447 millones provenientes de nueve inmuebles por herencias vacantes a obras escolares. “Es un avance histórico que posiciona a Mendoza como pionera en la lucha contra la corrupción en Argentina”, remarcó Cornejo.
Luis Lobos fue condenado en la Justicia penal a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta, tras comprobarse que utilizó fondos de la Municipalidad de Guaymallén para desarrollar el proyecto inmobiliario ahora subastado.
El dinero será administrado por el Ministerio de Educación, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, que determinará qué establecimientos educativos necesitan mejoras urgentes en infraestructura.
Fuente: La Nación
Foto: Diario Uno
