El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García (foto arriba), precisó que la colocación en el mercado abierto de capitales por un total de $ 3.624 millones corresponde al denominado Programa de Letras de Tesorería que fue autorizado por la ley presupuestaria de este año.
La norma primero permitió un endeudamiento en bonos propios de hasta $ 3.000 millones y luego lo amplió por una modificación sancionada en marzo hasta los $ 7.000 millones.
Las primeras letras se emitieron en tres series de $ 769,5 millones a 31 días, $ 773 millones a 60 días y $ 2.081,5 millones a 180 días.
“Luego de un proceso complejo, hemos logrado la confianza del mercado abierto de capitales en nuestra primera participación como provincia”, destacó Zapata García.
El funcionario calificó a la licitación de las letras como “un éxito” y dijo que “se logró la confianza de inversores como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), bancos e inversores privados”.
También mencionó que el ingreso de recursos le permitirá a la provincia “aminorar el estrés de las finanzas públicas durante el primer semestre y posicionarse de forma más sólida frente al segundo, que es cuando tienden a repuntar los recursos provinciales”.
En relación a la deuda con la obra social del Estado provincial, Zapata explicó que con el producto de las letras se anticipará el pago de las cuotas de un convenio firmado con el organismo en 2017, por un monto de “alrededor de $ 450 millones”.
La obra social (OSEF) se encuentra atravesando un período de crisis económica que incluye una deuda millonaria con sus principales proveedores, la interrupción de prestaciones y dificultades en la distribución de medicamentos, entre otros problemas.
Los principales gremios estatales de la provincia realizaron un acampe de varios días frente a la sede del organismo en Ushuaia para protestar por la situación y el Gobierno provincial prometió soluciones a corto plazo, mientras la Legislatura analiza subir por ley los aportes patronales y de los empleados públicos para intentar financiar el déficit acumulado por la repartición.
