El gobernador Ignacio Torres celebró la aprobación de una Ley que dispone el desalojo automático y la restitución de inmuebles usurpados a sus legítimos dueños, sin esperar el desenlace de la causa penal. Esta medida incorpora un nuevo artículo al Código Procesal Penal de la provincia.
La normativa aprobada, impulsada por el Ejecutivo provincial, permite que el Ministerio Público Fiscal, la parte querellante o incluso la víctima soliciten el desalojo inmediato del intruso, siempre que se acredite como titular del inmueble. Según Torres, “esta Ley pone en el centro a la víctima y protege su derecho a la propiedad”.
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El nuevo artículo 238 bis establece que no será necesario que la víctima se constituya como querellante para solicitar la restitución. El vicegobernador Gustavo Menna explicó que esta Ley busca evitar que las víctimas sufran doblemente al tener que esperar años para recuperar su propiedad tras una usurpación.
Torres subrayó que la medida responde a los objetivos de su gestión, enfatizando que “la Justicia debe proteger a las víctimas”. Además, destacó que este avance pone fin a “años donde las víctimas eran tratadas como delincuentes”.
