El gremio STVyARA exige que el Senado rechace de forma definitiva el DNU 461/2025, que dispone la disolución del organismo. Advierten riesgos para la seguridad vial y el desarrollo económico.
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El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por su secretaria general, Graciela Aleñá, anunció que el próximo jueves 21 de agosto realizará una marcha al Congreso Nacional para exigir que el Senado dé sanción definitiva al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025, emitido por el Poder Ejecutivo, que ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La norma ya fue rechazada por la Cámara de Diputados.
En una presentación escrita ante la Cámara alta, el gremio advirtió que el deterioro del estado de las rutas nacionales representa un grave riesgo para la seguridad vial, siendo una de las principales causas de accidentes y muertes. “La disolución del organismo pone en riesgo vidas, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad, tanto entre las provincias como con el MERCOSUR”, remarcaron.
El documento sostiene que el informe del Ministerio de Transporte que respalda el decreto contiene “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor técnico”. Además, denuncia que se omiten casi 50 funciones esenciales de mantenimiento, control, seguridad, gestión, construcción y señalamiento que realiza Vialidad, entre ellas el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos.
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El gremio también alertó que contratar a empresas privadas para reemplazar estas tareas resultaría entre un 15% y un 50% más costoso para el Estado. Asimismo, responsabilizó a la retención de fondos del impuesto a los combustibles y la desfinanciación presupuestaria por el acelerado deterioro de las rutas, lo que afecta directamente la transitabilidad y la seguridad vial.
Actualmente, el decreto 461/2025 se encuentra suspendido por una medida cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, que recuerda que Vialidad es un ente autárquico creado por decreto ley, por lo que no podría ser disuelto de esta manera. La suspensión es por seis meses, pero los trabajadores buscan que el Congreso anule el DNU de forma definitiva.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
