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Este martes, el personal policial de Colan Conhue y Asuntos Rurales de Trevelin encabezaron un allanamiento en un establecimiento rural ubicado entre Colan y Aldea, denominado «Cerro Guacho», donde se buscaban postes robados de otro establecimiento.
Allí, las autoridades no encontraron los elementos buscados pero descubrieron que se encontraba una mujer, una adulta mayor de más de 70 años, en situación de esclavitud.
Así lo confirmó a Radio 3 el comisario de Colan Conhue, Alejandro Carranza, quien detalló como se desarrolló el procedimiento, las condiciones en las que se encontraba esta mujer y reconoció que “me genera enojo” la situación.
De esta forma, detalló que se pudo conocer que la mujer “trabaja” en el campo desde hace más de 20 años y que no recibe ningún tipo de paga por su labor. La mujer, que se mostró perdida en tiempo y espacio, no tiene familiares al menos localizados hasta el momento y hace 2 décadas que no visita una ciudad.
Además, no tenía su DNI ya que el mismo lo posee una mujer que, además, se constató que cobra la pensión de la señora. Esta persona, es la nieta del dueño del establecimiento en cuestión.
La mujer no recibe atención médica, confirmó Carranza, y señaló que se corroboraron las “deplorables condiciones humanas” en las que reside la mujer en este campo allanado, sin higiene, calefacción y en estado de hacinamiento, describieron las autoridades intervinientes.
El Comisario reconoció que “no sabemos con exactitud su edad –pero- vive en un lugar de prácticamente en hacinamiento. Llamó la atención la falta de calefacción o servicios básicos. Al lado de la cama la abuela tenía un baldecito donde hacia sus necesidades”.
“Las condiciones de vida eran deplorables”
“Es todo muy dantesco y preocupa, porque la Comisaria (de Colan) ya ha constatado dos casos similares en el último mes, de personas que viven prácticamente a la buena de Dios”, expresó Carranza.
Todos estos datos recabados y corroborados por el personal policial “lo pusimos todos a disposición de la Justicia Federal”, confirmó el Comisario, ya que en principio el hecho encuadraría en una infracción a la Ley 26.364 (Trata de Personas).
Además se comunicó la situación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Trabajo de Nación, a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, a la conducción de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados).
Vale señalar que la persona a la que se señaló como la tenedora del DNI de esta adulta mayor pertenece a una familia a la cual los vecinos de Aldea Epulef denuncian por otros presuntos delitos de la misma índole, que involucrarían a otros adultos mayores de la zona.
Asimismo, manifestaron que hay “temor” en la comunidad, ya que se los sindican como autores de presuntos robos, hurtos, amenazas con arma de fuego e incluso el “desplazamiento” de vecinos.
Precisamente, el Comisario Carranza remarcó que esta situación, “coincide con denuncias de vecinos en las redes sociales de tiempo atrás. En aquella ocasión no pudimos establecer la ubicación del establecimiento denunciado”, pero ahora, hay “un alto grado de probabilidad que esa denuncia se condiga con lo actuado”.
“Estas son prácticas que ya deberían estar abolidas al 100%”
Sobre el final, el Comisario reconoció que en este caso, al igual que otros similares recientemente descubiertos, se ha constatado que “hay timidez, por no decir miedo y temor, porque la gente está amedrentada”.
Por último, a título personal y empatizando con lo ocurrido, reconoció que la situación “me genera enojo –porque- yo también tengo abuela”.
