La privatización de uno de los activos más estratégicos del sistema energético argentino dio un paso decisivo luego de que el Gobierno autorizara la transferencia de la participación estatal en Citelec, sociedad que controla Transener y Transba. La operación, valuada en 356,2 millones de dólares, representa uno de los movimientos más importantes dentro del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 130/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que habilitó el traspaso del 50% de Citelec que pertenecía a Enarsa al consorcio conformado por Edison Transmisión y Genneia. Con este aval regulatorio, quedó despejado el último obstáculo para concretar la venta.
Transener opera más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión por donde circula cerca del 85% de la energía eléctrica consumida en la Argentina. Además, a través de Citelec controla Transba, responsable del transporte troncal de electricidad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en una pieza fundamental del Sistema Argentino de Interconexión.
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Detrás de Edison Transmisión aparece un amplio entramado empresario integrado, entre otros, por los hermanos Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al grupo Newsan, además de Inverlat Investments, donde participan Nelson Pozzoli, Carlos Giovanelli, Federico Salvai y Guillermo Stanley. Por su parte, Genneia aporta su experiencia como principal generadora privada de energía eólica y solar del país.
La operación no implica un control exclusivo sobre Citelec. El otro 50% continuará en manos de Pampa Energía, el grupo liderado por Marcelo Mindlin. El ENReGE concluyó que la nueva estructura accionaria no vulnera la Ley 24.065 ni configura una integración vertical prohibida dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.
Entre los argumentos para aprobar la transacción, el ente regulador remarcó que existen mecanismos que garantizan la competencia y la transparencia dentro del sistema eléctrico. La obligación de acceso abierto a la red, la regulación tarifaria y la intervención de Cammesa fueron señaladas como herramientas que limitan cualquier utilización discrecional de la infraestructura.
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Además, el organismo sostuvo que las ampliaciones de la red de transporte tampoco pueden concretarse de manera arbitraria. Cada obra requiere el pedido formal de los usuarios interesados, la realización de audiencias públicas y la correspondiente autorización oficial mediante el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.
Desde el sector energético interpretan que el desembarco de nuevos inversores privados podría impulsar futuras inversiones en infraestructura, un aspecto clave para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo de sectores estratégicos como la minería, el petróleo, el gas y las energías renovables.
Con esta autorización, el Gobierno profundiza su estrategia de retiro del Estado de empresas energéticas y redefine el mapa de poder del sector eléctrico argentino. La llegada del nuevo consorcio marca una de las privatizaciones más relevantes desde la aprobación de la Ley Bases y abre una nueva etapa para la principal red de transporte de energía del país.
Fuente: IProfesional.
