La administración de Donald Trump presentó este lunes una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles, alegando que sus políticas de “ciudad santuario” interfieren con la aplicación de las leyes migratorias nacionales.
La demanda se dirige contra la alcaldesa Karen Bass, el concejo municipal y su presidente, Marqueece Harris-Dawson, por la ordenanza que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con ICE y CBP sin orden judicial.
“Este tipo de medidas busca obstaculizar la ley federal de inmigración”, sostiene el escrito judicial, presentado en el Distrito Central de California, en medio de un fuerte contexto de tensión migratoria.
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En el último mes, más de 1.600 migrantes fueron detenidos en el sur de California, desatando protestas y denuncias de abusos. La ciudad aprobó su estatus de santuario hace pocos meses, aunque su Policía ya tenía una política restrictiva desde hace décadas.
A la par, la política migratoria de la Casa Blanca afecta sectores clave como la agricultura, ante la falta de trabajadores por miedo a redadas, lo que amenaza las cosechas y podría elevar los precios de alimentos en todo el país.
La demanda coincide con la inauguración de la prisión para migrantes apodada “Alligator Alcatraz”, ubicada en los Everglades de Florida. El lugar, aislado y plagado de fauna salvaje, ha sido calificado de “inhumano” por activistas y defensores de derechos humanos.
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“Este sitio está en tierras sagradas”, denunció Betty Osceola, miembro de la tribu Miccosukee. La prisión fue construida en un viejo aeródromo, y su operación inicial costará 450 millones de dólares anuales.
Organizaciones indígenas, ambientalistas y grupos pro migrantes exigen frenar el proyecto y revertir la ofensiva federal que consideran una violación a los derechos humanos y al medioambiente.
