El Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó la necesidad de revisar el Código Penal y garantizar que los delincuentes condenados no salgan en libertad, tras el asesinato de un policía en Alderetes.
El Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió este lunes con la cúpula policial de la provincia para abordar cuestiones clave sobre la seguridad en la región. En el encuentro participaron el Jefe de Policía, Joaquín Girvau, el Subjefe Roque Iñigo y el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, entre otros miembros de la Plana Mayor. Uno de los temas centrales fue el reciente asesinato de un policía en Alderetes, un crimen que ha generado indignación en la sociedad tucumana.
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Jaldo criticó fuertemente la permisividad del sistema judicial, destacando que uno de los asesinos del policía tenía antecedentes y estaba fuera de prisión gracias a un permiso extramuro. “Lamentablemente, el homicidio pudo haberse evitado si el delincuente hubiera permanecido tras las rejas”, expresó el Gobernador, quien recalcó que un condenado debería estar en prisión, no en las calles. La muerte del policía y la posterior muerte de uno de los delincuentes evidencian, según Jaldo, la gravedad del problema.
En este contexto, Jaldo mantuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en las que planteó la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para garantizar que aquellos que son detenidos no salgan libre antes de ser juzgados. El Gobernador subrayó que los delincuentes deben ser mantenidos en preventiva desde el momento de su detención y, al ser juzgados, deben ser alojados en centros adecuados, como los existentes en la provincia.
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La preocupación de Jaldo también se extiende a la seguridad dentro de los penales. El mandatario anunció que, en caso de reincidencia o mal comportamiento de los internos, el Gobierno Provincial tomará medidas drásticas, como el traslado de los delincuentes a otras provincias. En este sentido, afirmó que existen acuerdos con el Ministerio de Seguridad de la Nación para enviar a los internos problemáticos a cárceles en la Capital Federal, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para evitar disturbios tanto dentro como fuera de las cárceles.
Fuente: Noticias Argentinas
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