Foto: EQS Notas.
Se trata de Daniel Sandoval, quien fue acusado del delito cuando era defensor en un caso que había sido resuelto mediante juicio por jurados.
El abogado Daniel Sandoval rechazó la denuncia por presunto delito de prevaricato presentada en su contra por la fiscal general de Esquel, María Bottini, en el marco de su actuación como defensor en un caso que había sido resuelto mediante juicio por jurados.
En diálogo con Radio 3, el letrado negó de manera categórica la acusación y aseguró que “descarto totalmente la posibilidad de la ocurrencia del tipo penal”. Además, cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal al señalar que “la Fiscalía miente, tiene mala fe y pierde el deber de objetividad”, interpretando la situación como “un ataque a la labor de un abogado defensor”.
Uno de los puntos cuestionados por la fiscal Bottini está vinculado a la entrevista que Sandoval mantuvo con una joven de 17 años. El abogado explicó que el encuentro se realizó con autorización de sus padres, quienes son sus representantes legales, y remarcó que en ese momento no advirtió ninguna discapacidad. “Entrevisté a una persona de 17 años con autorización de sus padres dentro del Estado de Derecho”, afirmó.
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Según detalló, tras escuchar el relato de la joven sobre una presunta situación de amenazas o extorsión, realizó la denuncia correspondiente ante el fiscal Fidel González y luego informó al juez Jorge Criado. En ese contexto, sostuvo que el magistrado indicó que no existían elementos para configurar el delito de prevaricato.
El abogado también se refirió a la polémica por un video de la entrevista con la menor que fue incorporado a la causa. Sandoval aseguró que él mismo entregó el material a la Justicia y que posteriormente fue obtenido formalmente por la Brigada de Investigaciones mediante un procedimiento legal en su estudio jurídico. “Después dicen que es ilegal cuando lo obtuvieron con acta policial y testigos”, cuestionó.
Finalmente, Sandoval interpretó la denuncia como una forma de persecución hacia su trabajo profesional. “Esto es una forma de aleccionar a un abogado de la matrícula”, afirmó, al tiempo que señaló que mantiene “una diferencia intelectual muy fuerte” con la conducción del Ministerio Público Fiscal respecto a la interpretación del delito de prevaricato.
