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Sociedad

Un defensor fue imputado por no identificarse en un control y mandar a «estudiar» a un policía

Se trata Omar López, a quien se lo acusa del delito de «desobediencia a la autoridad». El hecho ocurrió en marzo, durante un operativo de rutina en Arroyo Verde.

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Omar López
Foto: MPF Chubut.

El defensor público de Rawson, Omar López, fue imputado este jueves por la presunta comisión del delito de «desobediencia a la autoridad», tras negarse a identificarse en un control policial y decirle «anda a estudiar» a un uniformado.

Según detalló Fiscalía, el hecho en cuestión ocurrió el mediodía del 22 de marzo en el puesto caminero en Arroyo Verde. Allí, personal policía realizaba un control de prevención de los vehículos y personas que ingresaban a Chubut.

En ese marco, los uniformados detuvieron la marcha de una Ford Ranger, en la que identificaron a dos de los ocupantes, los cuales le exhibieron también la documentación de la camioneta, cédula y seguro. El conductor fue identificado como David Figueroa y el acompañante como Luis Avilés, quien fue jefe de la Policía de Chubut y actualmente ejerce como abogado.

En tanto, el tercer ocupante, que se encontraba en el asiento trasero, dijo se Omar López pero no quiso entregar su documento de identidad, ya que manifestó que el oficial no estaba facultado a exigirle exhibirlo.

«López se mostró alterado, manifestando que, como abogado y funcionario de la Magistratura no tenía que acreditar su identidad y que era obligación del oficial conocerlo, refiriéndole al oficial “anda a estudiar”«, se describió en el pedido de apertura de investigación.

Tras unos minutos, intercedió Avilés y le expresó al oficial: «mire, la cortamos acá» y se retiraron de lugar.

La situación fue informada a la Unidad Regional de Puerto Madryn, cuyo personal interceptó a la camioneta y finalmente logró identificar al tercer ocupante, resultando ser el defensor público Omar López.

La causa tramita bajo la presunta comisión del delito de «desobediencia a la autoridad», para el cual se prevé una pena de «prisión de quince días a un año, al que se resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

Ante la oposición del defensor particular Alfredo Pérez Galimberti, la jueza dispuso tomarse el plazo de ley a los fines de resolver sobre la apertura formal de investigación.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.

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