La Justicia de California concluyó que el empresario hizo declaraciones falsas para influir en el precio de las acciones antes de concretar la compra de la red social en 2022.
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Un jurado federal en San Francisco determinó que Elon Musk engañó a los inversores de Twitter —actualmente conocida como X— mediante declaraciones falsas y engañosas que impactaron negativamente en el valor de sus acciones antes de concretar su adquisición por 44.000 millones de dólares en 2022.
El veredicto, alcanzado tras tres días de deliberaciones, responde a una demanda colectiva presentada por accionistas que vendieron sus títulos entre mayo y octubre de ese año. Según el fallo, Musk actuó de manera deliberada al cuestionar públicamente la cantidad de cuentas falsas en la plataforma y sugerir que podría retirarse del acuerdo, lo que provocó una caída en la cotización.
De acuerdo con los abogados de los demandantes, los daños económicos podrían ascender hasta los 2.600 millones de dólares. La querella sostiene que el magnate violó leyes federales de valores al emitir afirmaciones que “fueron cuidadosamente calculadas” para manipular el mercado en su favor.
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El conflicto se remonta a abril de 2022, cuando Musk anunció la compra de Twitter, pero semanas después puso en duda la operación al exigir datos sobre cuentas falsas. En ese contexto, llegó a afirmar que cerca del 20% de los perfiles eran fraudulentos, lo que generó incertidumbre entre los inversores y desplomó el precio de las acciones.
Joseph Cotchett, abogado representante de los accionistas, señaló que el fallo marca un precedente en defensa de los pequeños inversores, al remarcar que este tipo de maniobras no pueden quedar impunes. “Es un ejemplo de lo que no se le puede hacer al inversor promedio”, expresó tras conocerse la decisión judicial.
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Por su parte, se espera que la defensa de Musk apele el fallo en las próximas instancias. En paralelo, el empresario continúa bajo la lupa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que investiga su accionar durante el proceso de adquisición.
El caso vuelve a poner en discusión los límites de la comunicación pública de figuras influyentes en los mercados financieros y el impacto que sus declaraciones pueden tener sobre millones de inversores.
Fuente y foto: EFE
