El Gobierno impulsa un proyecto de ley para penalizar a las barrabravas y a quienes colaboren con ellas, apuntando a frenar actividades ilegales como la reventa de entradas y el transporte de armas en los estadios.
El Gobierno de la Nación trabaja en un proyecto de ley que tiene como objetivo desarticular las organizaciones de barrabravas, tratándolas como estructuras criminales. El proyecto, que está actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, contempla penas de prisión de entre dos y cuatro años para aquellos involucrados en el transporte de armas o la venta ilegal de entradas de protocolo. La iniciativa busca poner fin a las prácticas que permiten a las barras operar con impunidad en los estadios de fútbol.
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Además de penalizar el transporte de armas y la reventa de entradas, la propuesta incluye nuevas responsabilidades para los organizadores de eventos deportivos. Serán responsables de garantizar la seguridad en los estadios y se les aplicarán sanciones si permiten el ingreso de armas o personas con antecedentes penales. Este enfoque también incluye un control más estricto sobre los estacionamientos en las inmediaciones de los estadios, donde los conocidos «trapitos» operan, cobrando dinero de manera ilegal a los conductores.
El proyecto también pone un énfasis especial en el financiamiento de las barrabravas, buscando cortar las fuentes de ingresos que provienen de prácticas como las extorsiones y las amenazas. En ese sentido, los dirigentes deportivos que colaboren con las barras, entregando entradas o manteniendo vínculos con ellas, serán investigados. Si se comprueba su implicación, podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
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Por otro lado, la normativa establece medidas rigurosas sobre las inhabilitaciones administrativas. Las autoridades podrán prohibir la entrada a los estadios a personas imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva. Esta medida tiene como objetivo frenar el accionar de aquellos que siguen operando en el mundo del fútbol mientras se resuelven las causas judiciales en su contra.
Fuente: Noticias Argentinas
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