En la audiencia de apertura de investigación realizada en la mañana de este martes, el monto total de los investigadores superaba los 37.000 pesos, pero en el transcurso de la mañana con más información del Banco del Chubut, la cifra se amplió considerablemente.
El titular de la tarjeta y damnificado directo es Luis Véliz, esposo de Belén Rodríguez, amiga de la imputada. En función de esa relación el 21 de agosto del año pasado, Bravo le pidió usar la tarjeta de crédito Visa del Banco del Chubut para realizar compras aprovechando la confianza entre ambas y que se avecinaba el cumpleaños de uno de sus hijos.
Con las claves en su poder y luego de realizar las compras autorizadas, hasta el mes de agosto de este año realizó una cantidad de compras que se intenta determinar (hasta lo que se conocer, en general por montos muy bajos y en cuotas) en el sitio “Mercado Pago”.
Según el matrimonio damnificado, nunca realizaron compras mediante ese mecanismo. Con información parcial del Banco el Chubut y las sospechas en contra de Bravo, realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Rawson que inició una investigación previa que ameritó la realización de una audiencia de apertura de investigación ante la jueza de garantías Mirta Moreno.
En la audiencia,
la funcionaria de fiscalía Silvana Lagarrigue dio cuenta detallada de las
compras que se conocen hasta el momento, las fechas precisa de cada una de
ellas y los montos que se abonaron con la tarjeta de crédito de Beliz usando
sus claves. De lo que se ha podido investigar hasta el momento, la compra
mínima fue de 20 pesos y la de mayor monto por 4.425 pesos. La tarjeta fue
usada en general para comprar ropa en cantidades de reventa, además de
dispositivos electrónicos.
Sentada al lado
de su abogado defensor Damián D’Antonio, la imputada escuchó en silencio. Al
momento de intervenir el letrado se refirió a la posibilidad de aplicar la
figura legal de la “conciliación” y específicamente la de la “reparación”. En
este sentido ofreció devolver todo ese dinero en cuotas a fin de poner punto
final al proceso judicial. El acuerdo quedó supeditado a la determinación del
monto final de la defraudación.
El defensor pidió además al Ministerio Público Fiscal que terminen los escraches por las redes sociales a la imputada, situación en la que coincidió el fiscal general Fernando Rivarola. Sin embargo el jefe de los fiscales de Rawson se encargó de hacer la salvedad y aclarar, que no está dentro de las posibilidades del Ministerio Público Fiscal que representa, evitar ese tipo de mecanismo de denuncia.