El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó este miércoles su profunda preocupación por la Ley Orgánica de Integridad Pública aprobada en Ecuador, que contempla el endurecimiento de penas para menores de edad involucrados en delitos graves. La normativa fue impulsada por el presidente Daniel Noboa y obtuvo 84 votos a favor en la Asamblea Nacional.
Según UNICEF, las reformas son “regresivas” y “afectan gravemente a los adolescentes”. La organización internacional advirtió que estas medidas contravienen tanto la Constitución del país como la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados firmados y ratificados por Ecuador.
El texto aprobado permite penas de hasta 15 años de prisión para menores involucrados en redes delictivas. Desde el oficialismo se argumenta que la medida busca combatir el creciente uso de adolescentes por parte de bandas criminales en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa en 2024.
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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el año pasado se detuvieron a más de 3.500 menores vinculados al crimen organizado. Sin embargo, UNICEF advirtió que “estas medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad” y alertó sobre el impacto negativo en la posibilidad de reintegración social de los jóvenes.
Además del enfoque punitivo, la nueva ley introduce una serie de reformas en 19 normativas existentes, incluyendo la posibilidad de declarar en emergencia a la Función Judicial, modificar procesos de ingreso a la carrera judicial y transformar el régimen de cooperativas de ahorro y crédito.
Una de las cláusulas más polémicas prohíbe por 40 años el regreso de extranjeros expulsados tras cumplir penas mayores a cinco años. De incumplirse esa norma, podrían ser considerados como “objetivos militares” en el contexto del conflicto con las bandas.
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Desde el partido opositor Revolución Ciudadana (RC), la ley fue calificada como “una aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho”. Denunciaron que durante el debate se introdujeron cambios al texto sin devolverlo a la comisión correspondiente, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
UNICEF instó al Gobierno ecuatoriano a revisar la normativa y garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. “Estas reformas podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y vulnerar gravemente los derechos de los menores”, concluyó el organismo.
Fuente: Telesur.
